En el contexto del proyecto exploratorio Domo Oso X-3, que se desarrollará en el cantón Chiquiacá, se ha generado un importante debate jurídico y ambiental que involucra a diversas instituciones del Estado boliviano. Este proyecto, impulsado por Petrobras Bolivia y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se encuentra próximo a una inspección técnica in situ convocada por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, prevista para el 16 de marzo. La Defensoría del Pueblo ha confirmado su participación en esta instancia, reafirmando su compromiso con la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, la protección ambiental y las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por Bolivia.
El conflicto surge a partir de la paralización temporal del proyecto ordenada por el Juzgado Agroambiental mediante una medida cautelar que suspendió las actividades exploratorias desde mediados de enero. Esta decisión judicial buscaba garantizar que se respetaran los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y el medio ambiente, particularmente en una zona cercana a la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado ha presentado un memorial solicitando que dicha suspensión sea levantada, argumentando que el plazo de la medida ya ha expirado y advirtiendo sobre posibles daños económicos al Estado si la paralización continúa.
La Procuraduría también ha cuestionado la legitimidad de la Defensoría del Pueblo para intervenir en este asunto, señalando que no tendría competencia para fiscalizar procesos vinculados con consultas previas a las comunidades indígenas o locales. En respuesta, el Defensor del Pueblo Pedro Callizaya ha enfatizado que cualquier avance en el proyecto sin respetar los procedimientos establecidos por la Constitución Política del Estado y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú implicaría una vulneración grave de normas legales. Este acuerdo internacional establece mecanismos para garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe, compromisos que Bolivia ha adoptado formalmente.
La intervención de la Defensoría no solo busca impedir una ejecución apresurada e irregular del proyecto exploratorio sino también asegurar que se cumplan aspectos esenciales como la consulta previa libre e informada a las comunidades potencialmente impactadas. Según Callizaya, este requisito es fundamental para evitar conflictos sociales y proteger los derechos colectivos vinculados al territorio y al medio ambiente. Además, se han identificado deficiencias técnicas relacionadas con la evaluación ambiental: hasta ahora no se habría realizado un estudio exhaustivo sobre los impactos ambientales específicos derivados de las actividades exploratorias en esa área protegida. Esta falta representa un incumplimiento de los estándares legales y ambientales vigentes.
Otro punto crítico señalado por el Defensor del Pueblo tiene que ver con la situación legal de los terrenos donde se pretende ejecutar el proyecto Domo Oso X-3. La titularidad formal de estos predios aún está en proceso de saneamiento registral, lo cual genera incertidumbre jurídica sobre quién tiene legítimo derecho a autorizar o consentir dichas actividades. Esta irregularidad añade complejidad al escenario legal y refuerza la necesidad de cautela antes de avanzar con obras o intervenciones que puedan afectar ecosistemas frágiles o derechos territoriales.
La postura expresada por Pedro Callizaya es clara: no existe oposición a las actividades económicas per se ni al desarrollo energético o extractivo dentro del país; sin embargo, estas deben realizarse bajo un marco riguroso que garantice transparencia, respeto a los derechos humanos y protección efectiva del medio ambiente. La inspección técnica convocada por el Juzgado Agroambiental representa una oportunidad para evaluar in situ estas preocupaciones e impulsar soluciones basadas en criterios técnicos y jurídicos sólidos.
Este caso tiene una relevancia significativa para las comunidades locales, autoridades ambientales y al conjunto de la sociedad boliviana pues pone en tensión intereses económicos frente a obligaciones constitucionales e internacionales vinculadas al desarrollo sostenible. Además, refleja un desafío recurrente en países con riqueza natural: cómo compatibilizar proyectos extractivos con la conservación ambiental y los derechos colectivos sin incurrir en vulneraciones legales ni generar conflictos sociales.
En definitiva, lo ocurrido alrededor del proyecto Domo Oso X-3 evidencia una dinámica compleja donde convergen aspectos legales, ambientales, sociales y económicos. La actuación coordinada entre organismos estatales como el Juzgado Agroambiental, la Procuraduría General del Estado y la Defensoría del Pueblo será clave para definir si este tipo de iniciativas pueden avanzar respetando plenamente los marcos normativos vigentes o si requieren ajustes sustanciales para asegurar un desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo. La próxima inspección técnica in situ se presenta así como un momento decisivo para dirimir estas cuestiones desde un enfoque riguroso y transparente
