La ciudad de Potosí enfrenta una crisis institucional sin precedentes, debido a un vacío de poder en la Alcaldía que persiste desde el pasado viernes, cuando concluyó el plazo otorgado al concejal René Mamani para asumir temporalmente el cargo. Esta situación se deriva de un complejo proceso judicial y político que involucra la destitución del exalcalde Waldo Porcel y la posterior elección de Lesly Flores como su sucesora, hechos que han desencadenado una serie de detenciones y un ambiente de incertidumbre en el gobierno municipal.
El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2025, cuando se llevó a cabo la remoción del entonces alcalde Waldo Porcel y se designó a Lesly Flores como su reemplazo. Estas acciones provocaron la apertura de procesos judiciales por supuestas irregularidades en la toma de decisiones administrativas, específicamente por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes vigentes. Como consecuencia, tanto la alcaldesa Josefina Cruz como la concejala Lesly Flores fueron sometidas a detención preventiva por un período inicial de tres meses, medida que refleja la gravedad con la que las autoridades judiciales están abordando esta crisis.
La situación se agravó aún más recientemente, cuando cuatro concejales —Erick Soraide, Alberto Pérez, Jhonny Churata y Juan Carlos Nina— también fueron detenidos preventivamente bajo similares acusaciones relacionadas con su participación en la destitución del exalcalde Porcel. Este conjunto de arrestos ha dejado al Concejo Municipal con solo seis miembros disponibles para sesionar, lo que limita considerablemente su capacidad para actuar y tomar decisiones fundamentales respecto al liderazgo municipal.
Ante este escenario, el Concejo Municipal ha convocado una sesión ordinaria para este martes con el propósito de intentar resolver el vacío institucional que afecta a Potosí. Sin embargo, cualquier decisión tomada dependerá en gran medida del informe que se espera recibir por parte de las instancias judiciales competentes. Dicho informe debe aclarar el alcance y la interpretación de una Resolución Constitucional emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia, que ordenó el retorno de Waldo Porcel al cargo de alcalde.
Dentro del Concejo se han planteado dos posturas contrapuestas sobre cómo proceder en este contexto. Un bloque sostiene que, conforme a la resolución constitucional mencionada y dado que ha transcurrido más de la mitad del periodo municipal vigente, Waldo Porcel debe ser considerado alcalde sustituto y permanecer en funciones hasta concluir el mandato. Este argumento busca dar continuidad administrativa ante la ausencia prolongada del titular.
Por otro lado, otro grupo de concejales interpreta que la renuncia previa del alcalde titular Jhonny Llally implicó una interrupción definitiva en los procesos administrativos relacionados con ese cargo. En consecuencia, consideran necesario proceder a elegir un nuevo alcalde o alcaldesa titular mediante los mecanismos establecidos por el Concejo Municipal, tal como ocurrió anteriormente con la designación temporal de Josefina Cruz.
Esta división interna refleja no solo una disputa legal sino también una lucha política por el control del gobierno local en medio de un contexto judicial complicado. La delicada situación pone en evidencia las dificultades institucionales para garantizar estabilidad y gobernabilidad en Potosí, afectando directamente a los ciudadanos quienes permanecen sin un liderazgo claro ni representativo desde hace varios días.
La ausencia prolongada de autoridad municipal puede tener implicaciones significativas para la gestión cotidiana y el desarrollo local. La falta de un alcalde formal limita la capacidad para tomar decisiones ejecutivas clave, implementar políticas públicas o responder eficazmente a las necesidades urgentes de la población. Además, genera incertidumbre entre funcionarios públicos y ciudadanos sobre quién tiene legitimidad para conducir los asuntos municipales.
En este contexto crítico, resulta fundamental que los concejales restantes logren encontrar consensos basados en criterios jurídicos claros y transparentes para superar esta parálisis política e institucional. La próxima sesión representa una oportunidad crucial para restablecer el orden administrativo y garantizar que Potosí cuente con un liderazgo estable capaz de atender sus demandas sociales y administrativas.
En definitiva, esta crisis pone sobre relieve los desafíos que enfrentan las instituciones locales cuando confluyen conflictos políticos internos con procesos judiciales complejos. La resolución efectiva del conflicto no solo devolverá estabilidad al gobierno municipal sino que también fortalecerá la confianza ciudadana en sus representantes y en el sistema democrático local. Mientras tanto, los potosinos continúan esperando respuestas concretas ante esta prolongada incertidumbre institucional
