El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza Torrico, rindió un informe detallado en respuesta a un cuestionario de quince preguntas planteadas por senadores del partido Libre, en el que abordó temas cruciales relacionados con las reservas de oro del país y los créditos otorgados al Gobierno nacional. Este informe se enmarca en un contexto de creciente interés parlamentario sobre la gestión financiera y la política monetaria del organismo emisor, particularmente en lo que respecta a la administración de los recursos nacionales y la sostenibilidad económica.
En su exposición, Espinoza explicó que las reservas de oro bajo custodia del Banco Central ascienden a un total de 22,9 toneladas, cifra que cumple con el mínimo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales (Ley 1503), promulgada en mayo de 2023. Esta normativa obliga al banco a mantener al menos 22 toneladas de oro como parte fundamental de sus Reservas Internacionales, funcionando como una especie de banda de seguridad para proteger la estabilidad financiera del país. Sin embargo, Espinoza reveló que la mayoría significativa de este oro, aproximadamente el 85%, no se encuentra físicamente disponible dentro del territorio nacional sino depositado en el exterior, ya sea empeñado o resguardado en bóvedas foráneas. En concreto, detalló que 20,5 toneladas están depositadas fuera del país, mientras que otras 1,7 toneladas están en tránsito para ser refinadas. Solo una pequeña fracción, alrededor de 0,7 toneladas, permanece almacenada en las bóvedas del Banco Central dentro del país.
Este desglose pone en evidencia una realidad compleja respecto a la liquidez y disponibilidad inmediata de los recursos auríferos nacionales. El hecho de que gran parte del oro esté comprometido o ubicado fuera genera inquietudes sobre el grado real de control y acceso efectivo a estas reservas estratégicas. Además, esta situación ha motivado la propuesta del presidente del BCB para modificar la legislación vigente y flexibilizar los porcentajes mínimos obligatorios para mantener reservas en oro. Espinoza argumentó que ningún otro país mantiene tanto metal precioso como reserva y que actualmente es más común optar por divisas estadounidenses como reserva internacional por razones prácticas y financieras. Por ello solicitó a los senadores considerar una reforma legal que permita ajustar estos parámetros para optimizar la gestión monetaria.
Por otro lado, el informe también abordó los créditos otorgados al Gobierno central por el Banco Central durante los últimos meses. El presidente Espinoza confirmó que se realizaron dos préstamos principales: uno en noviembre del año anterior y otro en enero reciente. El primero tuvo como finalidad proporcionar liquidez inmediata al Tesoro General de la Nación (TGN), cuyo saldo estaba agotado en ese momento y dificultaba el inicio normal de operaciones gubernamentales. Este movimiento fue presentado como una medida necesaria para garantizar el funcionamiento básico del Estado ante una situación financiera apremiante.
El segundo crédito otorgado fue mucho más significativo y generó controversia: un préstamo por 31.000 millones aprobado en febrero. Este monto llamó la atención tanto dentro como fuera del ámbito político y fue uno de los principales motivos detrás del pedido formal para esclarecer las razones detrás de esta decisión y cómo fue avalada por el directorio del Banco Central. En su explicación, Espinoza indicó que todas las decisiones relacionadas con estos préstamos fueron discutidas y aprobadas por mayoría durante reuniones formales del directorio institucional. Además recordó que esta modalidad contrasta con prácticas anteriores bajo gobiernos previos donde dichas aprobaciones solían ser unánimes, lo cual sugiere un cambio interno en los procesos decisorios dentro del organismo.
En conjunto, este informe refleja tanto las complejidades inherentes a la gestión financiera estatal como las tensiones políticas alrededor del manejo económico actual. La combinación entre mantener un respaldo sólido mediante reservas internacionales adecuadas y responder a necesidades urgentes mediante créditos gubernamentales pone al Banco Central frente a desafíos importantes que repercuten directamente sobre la estabilidad macroeconómica nacional y la confianza pública.
Para la población boliviana estas cuestiones son fundamentales ya que impactan directamente sobre aspectos cotidianos como la estabilidad monetaria, el valor real de sus ahorros y la capacidad estatal para financiar servicios públicos esenciales sin recurrir excesivamente al endeudamiento interno o externo. Las discusiones parlamentarias derivadas del informe buscan precisamente transparentar estas operaciones clave para garantizar una administración responsable y alineada con los intereses nacionales.
En síntesis, el reporte entregado por David Espinoza Torrico constituye un paso relevante hacia mayor claridad sobre temas sensibles relacionados con las reservas internacionales y préstamos estatales. La propuesta para modificar límites legales vigentes abre una nueva etapa en el debate sobre cómo Bolivia debe manejar sus activos estratégicos frente a retos económicos contemporáneos. Al mismo tiempo, queda pendiente observar cómo se desarrollarán las deliberaciones legislativas ante estas propuestas y cuál será el impacto final sobre las políticas financieras futuras implementadas por el Banco Central y el Gobierno nacional
