La reciente destitución de las directoras ejecutivas de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) ha generado un fuerte impacto en el ámbito institucional y político. Esta medida fue tomada por la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, tras la revelación de denuncias que apuntan a presuntos actos de corrupción en ambas entidades. Sin embargo, tanto Aisem como Asuss emitieron comunicados oficiales donde ratifican su respaldo a las exfuncionarias desvinculadas, cuestionando la veracidad y el manejo de las acusaciones.
En su pronunciamiento, Aisem defendió el proceso de contratación llevado a cabo durante la gestión 2026, que fue señalado en las denuncias presentadas. La agencia aseguró que dicho proceso se realizó bajo estricta observancia de la normativa vigente que regula la administración pública, enfatizando el cumplimiento de los principios fundamentales de transparencia, legalidad y responsabilidad. En particular, destacaron que las contrataciones se ajustaron a lo establecido por el Decreto Supremo 0181, una normativa que regula los procedimientos para la adquisición de bienes, servicios y obras en el sector público.
Además, Aisem explicó que el proceso en cuestión se desarrolló bajo la modalidad denominada Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE). Este mecanismo busca garantizar principios esenciales como la legalidad y transparencia en la administración pública, además de fomentar la concurrencia responsable en los procesos contractuales. La agencia también expresó preocupación ante la difusión pública de las denuncias sin un esclarecimiento previo, advirtiendo que estas afirmaciones podrían perjudicar no solo su imagen institucional sino también afectar la dignidad del personal involucrado, especialmente la directora general ejecutiva identificada con las iniciales V.C.V., quien según Aisem desempeñó sus funciones con compromiso y vocación de servicio al país.
Por otro lado, Asuss emitió un comunicado donde aclaró que los supuestos cobros irregulares denunciados por la ministra Flores corresponden a un periodo anterior a septiembre de 2025, fecha en que su actual directora ejecutiva M.B.V. asumió sus funciones como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). Esto implica que durante los meses señalados –enero a abril– M.B.V. no estaba al frente del organismo. La autoridad supervisora calificó las declaraciones públicas realizadas por la ministra como un ataque directo a los derechos fundamentales de su directora ejecutiva actual, señalando que vulneran su imagen, honra y dignidad. Asimismo, caracterizaron estas acusaciones como actos de hostigamiento y acoso político.
En respuesta a esta situación, Asuss informó que M.B.V. ejercerá su defensa frente a estas imputaciones mediante procedimientos transparentes y respetuosos del Estado de Derecho. Esta postura resalta una intención clara por parte del organismo para enfrentar públicamente las acusaciones sin evadir responsabilidades ni dejar dudas sobre su integridad institucional.
El detonante para estas acciones administrativas fue una denuncia recibida por el Ministerio de Salud y Deportes. Según explicó Marcela Flores en una declaración oficial difundida horas antes del despido, en el caso específico de Aisem se habría solicitado dinero a una persona interesada en adjudicarse una licitación pública. El monto mencionado correspondería al 10% del valor total del proyecto otorgado. La denuncia incluye evidencias digitales como capturas de chats y un código QR utilizado para solicitar el pago exigido.
En cuanto al caso Asuss, las acusaciones indican que algunos funcionarios estaban siendo presionados para realizar aportes económicos con el fin de conservar sus puestos laborales dentro del organismo. Los montos involucrados oscilaban entre 187 y 586 bolivianos; sin embargo, se señala que en meses recientes estas cifras habrían aumentado hasta alcanzar aproximadamente 1.000 bolivianos mensuales, supuestamente calculados según los salarios individuales.
Es importante subrayar que ambas directoras ejecutivas removidas pertenecían a gestiones anteriores al actual gobierno ministerial encabezado por Flores. La destitución fue realizada luego que el presidente Rodrigo Paz Pereira ordenara proceder tras conocer formalmente estas denuncias. Esta acción refleja una línea clara desde el Ejecutivo para combatir prácticas irregulares dentro del sector público vinculadas a salud y seguridad social.
Este episodio no solo pone bajo escrutinio los procesos administrativos internos dentro Aisem y Asuss sino también genera preocupación sobre posibles irregularidades sistemáticas en instituciones encargadas de servicios esenciales para la población. La controversia invita a reflexionar sobre los mecanismos existentes para garantizar transparencia efectiva y rendición cuentas dentro del aparato estatal.
Para los ciudadanos usuarios o beneficiarios directos del sistema sanitario y seguridad social es fundamental contar con instituciones confiables donde se manejen adecuadamente los recursos públicos sin prácticas corruptas ni abusos internos. La atención integral hacia este tipo de denuncias debe ser rigurosa para preservar no solo recursos económicos sino también confianza ciudadana.
En definitiva, mientras persisten las investigaciones oficiales sobre estas imputaciones graves contra exfuncionarias públicas vinculadas al sector salud social boliviano, ambos organismos reafirmaron públicamente su compromiso con valores éticos e institucionales e insistieron en defenderse ante lo que califican como acusaciones infundadas o prematuras que afectan su reputación profesional e institucionalmente significativa labor realizada hasta ahora
