La situación relacionada con la asignación de ítems en los centros de salud de primer y segundo nivel ha generado un intenso debate en Tarija. El Gobernador del departamento, Oscar Montes Barzón, ha señalado que, conforme a la Ley 1152 del Sistema Único de Salud (SUS), los gobiernos municipales están facultados legalmente para contratar personal y cuentan con los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

Montes destacó que anualmente los municipios reciben financiamiento a través del SUS, lo que les permite ofrecer diversos servicios de atención médica, adquirir medicamentos y contratar personal. Sin embargo, el gobernador informó que durante la gestión 2024, un total de 28 millones de bolivianos no fueron utilizados por las alcaldías, fondos que regresan al gobierno central.

El gobernador expresó su frustración al afirmar que, a pesar de tener el marco legal y los recursos, las municipalidades no han realizado las contrataciones necesarias. En contraste, mencionó que su administración ha destinado 36 millones de bolivianos en 2022 y 41 millones en 2023 para cubrir los pagos de ítems de salud, a pesar de no contar con la misma autoridad o recursos.

Por su parte, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, respondió a las declaraciones de Montes, asegurando que los fondos del SUS no son devueltos al gobierno nacional, sino que se mantienen en las cuentas municipales para ser utilizados en el siguiente año. Torres retó al gobernador y a cualquier funcionario a demostrar que algún recurso ha sido desviado al gobierno central y defendió la postura de que la responsabilidad de pago de los ítems de salud recae en el gobierno nacional, no en los municipios.

El alcalde subrayó que no asumirá la carga de financiar el personal de salud en los centros de primer y segundo nivel, reiterando que su administración no pagará por estos ítems. Además, enfatizó su compromiso de proteger los recursos de Tarija, dejando claro que no permitirá que se desvíen hacia otras instancias