Rodrigo Paz, una figura relevante en el ámbito económico, ha defendido con firmeza la reciente ley que permite la conversión de pequeña a mediana propiedad, argumentando que esta medida tiene el potencial de impulsar significativamente el financiamiento rural. Su defensa se enmarca dentro del contexto del Decreto Supremo 5605, emitido por el Gobierno, que otorga al Ministerio de Economía la facultad de modificar los fondos constituidos con las utilidades netas de los bancos múltiples y bancos pequeños y medianos.

Este decreto establece que el Ministerio de Economía debe elaborar una resolución que defina no solo la finalidad de los recursos, sino también los mecanismos e instrumentos necesarios para su implementación. Además, incluye la posibilidad de fijar condiciones para el cierre de fondos, si así lo considera pertinente. Esta nueva regulación busca garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva para cumplir con la función social de los servicios financieros.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) también juega un papel crucial en este proceso, ya que deberá adaptar la normativa reglamentaria correspondiente a las directrices emitidas por el Ministerio de Economía. Esta adecuación normativa es fundamental para asegurar que las nuevas disposiciones se implementen correctamente y se alineen con los objetivos planteados por el Gobierno.

El economista Alejandro Banegas ha señalado que desde 2014, la función social ha implicado destinar alrededor del 6% de las utilidades bancarias a fondos de garantía destinados a vivienda social y sectores productivos. Este enfoque ha permitido respaldar operaciones crediticias más voluminosas y ha sido objeto de ajustes en su distribución a lo largo del tiempo. Banegas enfatizó que el nuevo decreto otorga al Ministerio un mayor control sobre estos fondos, permitiéndole modificarlos, reorganizarlos y reasignarlos según sea necesario.

Sin embargo, esta mayor potestad también genera preocupaciones en el sector bancario. Banegas advirtió que las entidades financieras podrían encontrarse en una posición vulnerable, ya que estarán obligadas a seguir las directrices y lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía, a pesar de contar con una cartera regulada.

La promulgación del Decreto Supremo 5605 coincide con la reciente Ley 1720, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a permitir la conversión voluntaria de pequeña propiedad en mediana. Esta ley es particularmente relevante para el sector rural, ya que facilitará su acceso a capital y recursos financieros necesarios para su desarrollo. Las autoridades gubernamentales han destacado que esta iniciativa representa un avance significativo hacia la inclusión financiera y el fortalecimiento del sector productivo en áreas rurales.