La ex fiscal departamental Sandra Gutiérrez Salazar ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público, señalando presuntas irregularidades y delitos relacionados con la comercialización de gasolina en mal estado. En su memorial, Gutiérrez Salazar señala directamente al Ministro de Hidrocarburos, al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a los directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), además de incluir a cualquier otra autoridad que pudiera estar involucrada en el caso durante las investigaciones. Esta acción surge tras la percepción de inacción y falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes, quienes habrían sido requeridas para tomar medidas pero no lograron avanzar en el proceso.
La denuncia se fundamenta en la presunción de que existe un delito en flagrancia relacionado con la venta y distribución de gasolina contaminada o adulterada, conducta que según Gutiérrez Salazar constituye una serie de faltas graves como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y estafa agravada. La ex fiscal sostiene que esta situación está provocando daños directos a los motores vehiculares debido a la mala calidad del combustible que se está comercializando como si fuera apto para su uso normal. En una conferencia de prensa improvisada, manifestó su preocupación por el impacto que esta práctica tiene sobre los usuarios y sus vehículos, subrayando que el problema persiste a pesar del conocimiento público sobre la deficiencia del producto.
En su planteamiento formal, la ex autoridad solicita que se adopten medidas cautelares y precautorias contra los funcionarios denunciados con el fin de garantizar una actuación concreta y efectiva por parte del Ministerio Público. Además, enfatizó la necesidad urgente de realizar análisis forenses rigurosos sobre las muestras de gasolina disponibles en los surtidores para determinar si cumplen con los parámetros técnicos y ambientales necesarios para su comercialización. De confirmarse que el combustible sigue estando contaminado o adulterado, solicitó que se proceda al retiro inmediato del producto para evitar mayores daños mecánicos y económicos a los consumidores.
La denuncia también incluye un llamado abierto a toda la población afectada por esta problemática a sumarse a esta iniciativa legal para exigir respuestas claras del gobierno sobre las razones detrás de la venta masiva de combustible deteriorado. La ex fiscal hace hincapié en la importancia de esclarecer cómo se permitió esta situación y cuál será la responsabilidad institucional frente a un daño que afecta directamente al sector automotor y al bolsillo del consumidor.
En un apartado destacado dentro del contexto general, Sandra Gutiérrez criticó duramente la falta de explicaciones oficiales claras frente a esta crisis. Rechazó el argumento gubernamental basado en un supuesto “sabotaje” mencionado por el mandatario Rodrigo Paz, señalando que tal explicación resulta insuficiente y carece del detalle necesario para entender las causas reales del problema. Además, expresó su inquietud ante informaciones sobre la adición de ciertos aditivos químicos al combustible con el fin declarado de mejorar su calidad. Según Gutiérrez Salazar, estas prácticas podrían esconder delitos evidentes ya que no existe garantía alguna sobre la calidad real del producto vendido al público.
Este caso pone en evidencia no solo una posible falla técnica o administrativa dentro del sector hidrocarburífero sino también un vacío institucional en términos de control y supervisión por parte de las entidades encargadas. La denuncia presentada por una ex fiscal es un llamado contundente para que las autoridades actúen con transparencia y responsabilidad ante un problema que afecta tanto a usuarios particulares como a sectores comerciales dependientes del correcto funcionamiento vehicular.
En definitiva, esta situación genera preocupación entre la ciudadanía debido al riesgo económico y operativo asociado con el uso constante de gasolina adulterada o contaminada. La intervención judicial solicitada busca establecer responsabilidades claras, garantizar justicia para quienes han sufrido daños y prevenir futuros perjuicios mediante un control más riguroso sobre la calidad del combustible distribuido en el mercado nacional. La expectativa está puesta ahora en cómo responderá el Ministerio Público ante esta denuncia formalizada por una figura con experiencia en materia penal e institucional
