En el contexto de una disputa legal y ambiental que involucra la exploración petrolera en la Reserva de Tariquía, el presidente del Comité Cívico, Jesús Gira Martínez, ha expresado su firme expectativa de que se respete y cumpla la resolución emitida por el Juzgado Agroambiental. Esta resolución establece una inspección en el área Domo Oso X-3 para verificar las condiciones en las que la empresa petrolera pretende operar, así como una audiencia pública posterior para discutir las implicancias de dicha actividad.
El conflicto surge a raíz de una medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo, que busca pausar temporalmente el ingreso y actividades petroleras en esta zona protegida debido a las preocupaciones ambientales y sociales generadas. El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, provincia O’Connor, fijó inicialmente la inspección para el 16 de marzo por la mañana, seguida por una audiencia pública programada para el 24 del mismo mes. Sin embargo, estas fechas están siendo cuestionadas mediante un recurso legal presentado por la Procuraduría General del Estado, bajo la representación del procurador Hugo León Lafaye. Este recurso solicita modificar los plazos establecidos argumentando que los tiempos iniciales para realizar dichas actividades han precluido.
Frente a esta situación, Jesús Gira ha manifestado su desacuerdo con la postura del Procurador y ha reafirmado el compromiso del movimiento cívico con el cumplimiento íntegro de la secuencia procesal establecida por la justicia. El dirigente enfatiza que los tiempos legales ya han sido cumplidos y que no existe justificación para alterar las fechas fijadas, por lo que estarán presentes tanto en la inspección como en la audiencia pública para garantizar que se lleven a cabo conforme a derecho. La importancia de estas acciones radica en verificar si la empresa petrolera cumple con las normativas vigentes antes de continuar con su proyecto en un área tan sensible como es Tariquía.
Este proceso judicial adquiere relevancia debido al impacto potencial que la exploración petrolera puede tener sobre uno de los ecosistemas más importantes de la región, reconocido por su biodiversidad y valor ambiental. La Reserva de Tariquía alberga comunidades indígenas y campesinas cuyas formas de vida están estrechamente ligadas a su entorno natural. Por ello, cualquier actividad extractiva debe ser cuidadosamente evaluada para evitar daños irreversibles.
Paralelamente a este escenario jurídico-administrativo, se ha registrado un evento natural adverso que agrava aún más las condiciones en las comunidades involucradas. El dirigente comunal Félix Choque Vega y el comunario Vidal Jiménez Ovando informaron sobre un fuerte aluvión ocurrido recientemente en la zona de Chiquiacá, dentro del área protegida. Las intensas lluvias provocaron un desborde significativo del río Chiquiacá y sus quebradas afluentes, causando inundaciones que afectaron viviendas, potreros y tierras cultivables.
Este fenómeno natural tiene consecuencias directas sobre los habitantes rurales quienes dependen principalmente de sus cultivos y ganado para subsistir. La magnitud del aluvión evidencia cómo los efectos del cambio climático están intensificando los riesgos ambientales en zonas vulnerables. La creciente frecuencia e intensidad de lluvias ponen en peligro no solo infraestructuras sino también la seguridad alimentaria y económica de estas poblaciones.
Ante esta emergencia ambiental y social, se ha solicitado apoyo urgente a las autoridades locales, comenzando por el alcalde municipal Teodoro Suruguay. La cooperación institucional resulta fundamental para implementar medidas paliativas y preventivas que mitiguen los daños provocados por este tipo de fenómenos naturales.
En suma, tanto el litigio sobre la exploración petrolera como los recientes desastres naturales ponen en evidencia las múltiples presiones que enfrenta actualmente la Reserva de Tariquía y sus comunidades. La necesidad de un manejo responsable y sostenible del territorio es imperativa para preservar sus recursos naturales mientras se protege a quienes habitan esta región. La atención coordinada entre instancias judiciales, autoridades gubernamentales y organizaciones sociales será clave para afrontar estos desafíos con justicia ambiental y social
