La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta preocupante respecto a la situación de los incendios forestales en el país durante el año 2026. Hasta la fecha, se han identificado al menos 4.000 focos de calor, un indicador claro de la presencia activa de incendios en diversas regiones. Este dato fue obtenido mediante la plataforma FIRMS-NASA, una herramienta tecnológica que permite monitorear en tiempo real las anomalías térmicas vinculadas a quemas y fuegos no controlados. La institución ha instado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a reforzar las acciones preventivas y de respuesta frente a esta problemática ambiental que pone en riesgo ecosistemas vitales y compromete la salud ambiental del territorio.
El seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo se enmarca en el cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024, que establece medidas específicas para enfrentar los incendios forestales. En ese sentido, la entidad recordó que ya había enviado recordatorios oficiales el pasado 27 de febrero dirigidos a diferentes niveles de gobierno para que adopten las medidas necesarias para prevenir los incendios y cumplan con lo estipulado en dicha resolución. En su pronunciamiento, la Defensoría enfatizó que cualquier demora o falta de acción puede generar daños irreversibles sobre la biodiversidad, alterar el equilibrio ecológico y vulnerar los derechos ambientales tanto de las generaciones actuales como futuras.
El análisis espacial realizado por esta institución muestra que los focos de calor se concentran principalmente en municipios pertenecientes a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija. Estas regiones han registrado recurrentemente incidentes relacionados con quemas descontroladas, lo cual evidencia una problemática persistente que requiere atención urgente. Más allá de estas zonas, el monitoreo también detectó focos activos en áreas ambientalmente sensibles y protegidas, como es el caso del Área Natural de Manejo Integrado San Matías y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis. Asimismo, las reservas forestales Guarayos, Abel Iturralde y Bajo Paraguá han sido afectadas por estas emergencias ambientales, poniendo en riesgo ecosistemas frágiles y especies endémicas.
Este contexto no es nuevo para las autoridades ni para la sociedad civil. Durante todo el año 2025 se emitieron determinaciones oficiales orientadas a regular una pausa ambiental y ecológica con el objetivo explícito de disminuir la incidencia de incendios forestales durante períodos críticos. Sin embargo, ante los datos actuales, la Defensoría ha hecho un llamado enfático para que dichos mecanismos preventivos no solo se mantengan vigentes sino que sean fortalecidos con mayor rigor e inmediatez. La capacidad institucional para responder eficazmente a estos eventos es fundamental para minimizar el impacto ambiental devastador que producen los incendios.
En su postura institucional, la Defensoría también anunció que continuará con un monitoreo permanente sobre esta problemática ambiental y reiteró su compromiso para exigir responsabilidades a las autoridades competentes cuando estas no actúen conforme a sus obligaciones legales frente al manejo y control del fuego en áreas forestales. Este seguimiento constante busca garantizar transparencia y accountability en la gestión pública relacionada con los recursos naturales.
Finalmente, otro aspecto clave señalado por la Defensoría es la necesidad imperiosa de contar con información completa y transparente sobre las quemas e incendios registrados. Para ello, pidió que toda esta data esté disponible públicamente a través del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB). Esta medida es fundamental para fortalecer el derecho ciudadano al acceso a información ambiental veraz y oportuna, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú suscrito por el país. La transparencia en este ámbito no solo contribuye al control social sino también facilita una gestión más eficiente e integrada entre organismos estatales y sociedad civil frente al desafío creciente que representan los incendios forestales.
En suma, el pronunciamiento reciente de la Defensoría del Pueblo pone en evidencia un escenario crítico respecto al manejo actual frente a los incendios forestales e invita a revisar con urgencia las políticas públicas ambientales vigentes. La protección del patrimonio natural nacional depende directamente del compromiso efectivo tanto del Estado como de todos los actores involucrados para implementar acciones preventivas contundentes y respuestas rápidas ante emergencias ambientales que pueden tener consecuencias irreversibles sobre ecosistemas clave para el equilibrio ecológico del país
