En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad fronteriza y combatir el aumento de actividades ilícitas en la zona norte de Chile, el diputado Sebastián Videla y el alcalde de Ollagüe, Jhean Ramírez, encabezaron una operación que consistió en el cierre de varios caminos no habilitados que conectan con Bolivia. Esta acción, realizada con maquinaria pesada, tuvo lugar en una comuna fronteriza donde históricamente se han registrado múltiples problemas relacionados con el tránsito no autorizado y el contrabando.

La iniciativa responde a la necesidad de controlar y limitar el uso de rutas ilegales utilizadas por grupos denominados “chuteros”, quienes se dedican principalmente al transporte ilegal de vehículos robados en Chile hacia territorio boliviano. Estos caminos no oficiales facilitan la evasión de controles y permiten que estas actividades delictivas prosperen sin intervención inmediata de las autoridades. La medida busca poner fin a esta situación mediante un bloqueo físico que impida el paso indiscriminado por estas vías.

El diputado Videla enfatizó la importancia de llevar a cabo este tipo de trabajos con efectividad y a gran escala, sugiriendo que no se limite únicamente a Ollagüe sino que se extienda a otros puntos clave a lo largo del norte chileno, como las regiones de Arica, Iquique y Antofagasta. Esta propuesta apunta a un abordaje integral para enfrentar un problema que afecta distintas comunas fronterizas, donde la inseguridad derivada del robo y tráfico ilegal representa un desafío constante para las autoridades locales y nacionales.

La colaboración entre el legislador y el alcalde destaca también por su enfoque conjunto entre instancias políticas locales y nacionales para hacer frente a esta problemática. El alcalde Ramírez manifestó su preocupación ante la evolución del fenómeno delictivo, señalando que actualmente los robos ya no afectan exclusivamente a empresas mineras —que históricamente habían sido blanco principal— sino también a familias comunes, ampliando así el impacto social negativo en la comunidad. Esta expansión del daño hacia hogares particulares refleja un aumento en la violencia e inseguridad en la zona.

Además, Ramírez compartió una experiencia directa relacionada con esta problemática: la municipalidad sufrió el robo de dos camionetas en distintos momentos. La primera vez lograron impedir que se llevaran el vehículo, pero en un segundo incidente ocurrido el año anterior no pudieron recuperarlo. Este testimonio pone en evidencia cómo incluso las instituciones públicas locales están expuestas a los efectos negativos generados por estas redes delictivas.

Un aspecto particularmente preocupante señalado por Videla es la manera en que algunos antisociales exhiben sus acciones ilícitas abiertamente en redes sociales como TikTok. Esta actitud desafiante no solo evidencia una falta de temor ante las consecuencias legales sino también contribuye a normalizar y promover conductas ilegales entre ciertos sectores jóvenes o vulnerables. El uso de plataformas digitales para mostrar estas actividades agrava aún más la percepción de inseguridad entre los habitantes locales.

En definitiva, esta operación conjunta para cerrar caminos no habilitados busca cortar una ruta clave utilizada para facilitar delitos transfronterizos, reafirmando el compromiso institucional para mejorar las condiciones de seguridad en una región donde la cercanía con Bolivia ha generado históricamente desafíos complejos. La colaboración entre autoridades locales y legisladores nacionales representa un paso tangible hacia soluciones más efectivas que permitan resguardar tanto la integridad territorial como el bienestar de las comunidades afectadas por estos hechos delictivos recurrentes