Cuatro asambleístas departamentales de La Paz han presentado una denuncia formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra de la organización política Unión Por el Cambio (UPC), vinculada al gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien busca su reelección a través de esta agrupación. Esta denuncia pone en tela de juicio la legitimidad del proceso de inscripción de militantes de UPC, al señalar un presunto uso indebido de identidades, firmas y huellas digitales de ciudadanos que habrían sido incorporados como afiliados sin su consentimiento ni conocimiento.
El origen del conflicto radica en la supuesta manipulación y vulneración de datos personales que facilitaron la inscripción irregular de militantes para UPC. Según los denunciantes, un exfuncionario del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz estaría implicado en esta situación, habiendo vulnerado la seguridad informática del Órgano Electoral y facilitado acceso a bases de datos personales sensibles. Esta acción, además de constituir una posible infracción administrativa, podría configurar delitos contra la fe pública y el régimen electoral.
La denuncia entregada el 26 de febrero al presidente del TSE, Gustavo Ávila, detalla que si se comprueba el uso indebido y falsificación tanto de bases de datos como de firmas y huellas dactilares, se estarían violando principios fundamentales como la legalidad, transparencia y buena fe electoral. Asimismo, se subraya la gravedad jurídica que implican estas acciones bajo la normativa electoral vigente y se solicita que se inicie una investigación conforme a las leyes específicas que regulan los procesos electorales y organizaciones políticas.
Los asambleístas firmantes —Israel Alanoca, Samanta Coronado, Fernando Condori y Lino Mamani— han puesto especial énfasis en las irregularidades detectadas durante el proceso inicial para obtener la personería jurídica del partido. En detalle, explican que en los primeros meses del año se inició la recolección de firmas para un partido llamado Adelante Pueblo Unido (APU), pero ante la existencia previa de una organización registrada con ese nombre, se optó por cambiarlo a Unión Por el Cambio (UPC) y reiniciar el trámite. Fue en este contexto cuando presuntamente se contactó a un funcionario vinculado al TED La Paz para obtener acceso a bases de datos con ciudadanos no afiliados a partidos políticos.
La denuncia señala que este funcionario habría quebrantado las medidas de seguridad informática del Órgano Electoral para extraer listas con datos personales tanto en formato físico como digital. Posteriormente, en un domicilio ubicado en la avenida Simón Bolívar en Miraflores —según fotografías adjuntadas— se habrían llenado actas con los datos obtenidos sin autorización previa. Estas actas luego fueron presentadas ante el TSE para lograr la inscripción formal del partido.
El informe presentado incluye imágenes donde se observa claramente una computadora portátil con información personal sensible y libros con firmas y huellas digitales que podrían haber sido falsificadas o manipuladas. Los denunciantes solicitan que se verifique si las personas registradas efectivamente decidieron voluntariamente afiliarse a UPC; caso contrario, advierten sobre la comisión de irregularidades graves.
Además, mencionan que durante este proceso participaron funcionarios del Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), lo cual amplía el espectro institucional involucrado en estas posibles irregularidades. Este hecho podría implicar complicidad o negligencia por parte de servidores públicos ajenos directamente al ámbito electoral.
En cuanto al procedimiento legal posterior a esta denuncia, el asambleísta Lino Mamani explicó que el documento fue presentado también ante la Unidad de Transparencia del TSE para iniciar una investigación administrativa formal. Este órgano tiene la responsabilidad de analizar los hechos denunciados y emitir informes tanto para la Sala Plena del Tribunal como para el Ministerio Público si detecta indicios penales. De confirmarse las anomalías denunciadas, UPC podría enfrentarse incluso a la pérdida o anulación de su personería jurídica.
Cabe destacar que esta no es la primera acusación contra Santos Quispe vinculada a su candidatura. Previamente fue señalado por presuntas prácticas irregulares relacionadas con “extorsión electoral”, donde supuestamente solicitaba apoyo político a cambio de beneficios laborales para funcionarios y consultores bajo su administración. Sin embargo, esa denuncia tampoco ha tenido hasta ahora consecuencias efectivas por parte del TSE.
En síntesis, esta denuncia pone sobre el tapete importantes cuestionamientos respecto a la transparencia y legalidad en los procesos electorales departamentales. La presunta utilización ilegal e inmoral de datos personales sin consentimiento afecta directamente los principios democráticos básicos y puede generar un daño significativo a la confianza ciudadana en las instituciones electorales y políticas. El seguimiento riguroso por parte del Tribunal Supremo Electoral será clave para garantizar que estos hechos no queden impunes ni afecten indebidamente el desarrollo democrático regional
