El reciente acto de firma del convenio de financiamiento entre el Gobierno Nacional y la Corporación Andina de Fomento (CAF), orientado a impulsar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR) en Tarija, ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social del departamento. En este contexto, Jesús Gira, presidente del Comité Cívico de Tarija, hizo un llamado enfático para evitar la politización de este importante proyecto, subrayando la necesidad de que se preserve su carácter técnico e interinstitucional.
La PETAR representa una demanda histórica para Tarija, un proyecto que responde a la urgente necesidad de mejorar la gestión y tratamiento de las aguas residuales en la región. La ejecución de esta planta es vital para garantizar un manejo sostenible del recurso hídrico y proteger el medio ambiente, aspectos fundamentales para el bienestar de la población tarijeña y para el desarrollo sostenible del departamento. Por ello, Gira destacó que la viabilización del proyecto ha sido resultado del esfuerzo coordinado entre diversas instancias institucionales locales, reflejando un compromiso conjunto que trasciende intereses políticos particulares.
Durante el acto protocolar donde se formalizó el financiamiento, se notó una ausencia significativa: ni el alcalde Jhonny Torres ni el gobernador Óscar Montes estuvieron presentes. En contraste, participaron figuras políticas como Luciana Campero y Adrián Oliva, lo que generó especulaciones sobre posibles connotaciones políticas o electorales vinculadas al evento. Frente a estas interpretaciones, Gira enfatizó que lo esencial es mantener enfocada la iniciativa en sus objetivos técnicos y sociales, evitando que se convierta en una plataforma para intereses partidarios o personales.
El dirigente también señaló que el Comité Cívico no fue invitado a la ceremonia, aspecto que refleja ciertas tensiones o desconexiones dentro del entramado institucional local. Sin embargo, reiteró el respaldo firme del Comité a la ejecución de la PETAR siempre que esta mantenga su esencia institucional y no sea objeto de apropiación política. Este posicionamiento resalta la importancia que tiene para los actores cívicos preservar proyectos estratégicos bajo una gestión transparente y colaborativa.
La preocupación expresada por Jesús Gira pone en evidencia los desafíos comunes en torno a grandes obras públicas en regiones donde convergen múltiples actores con intereses diversos. La planta no solo representa una solución técnica necesaria, sino también un símbolo del compromiso colectivo por mejorar las condiciones ambientales y sanitarias. La insistencia en evitar su politización busca garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a toda la población tarijeña sin verse empañados por disputas políticas o confrontaciones institucionales.
En definitiva, la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es un paso fundamental para atender una problemática histórica en Tarija. La articulación entre Gobierno Nacional, entidades financieras internacionales como CAF y las autoridades locales debe estar guiada por criterios técnicos y sociales claros. La vigilancia ciudadana y el acompañamiento institucional serán claves para asegurar que este proyecto avance con transparencia y sin interferencias políticas indebidas, cumpliendo así con las expectativas legítimas de los habitantes del departamento
