El órgano legislativo ha culminado el proceso de aprobación de una ley fundamental, la cual ha sido remitida al Ejecutivo para su promulgación. Esta normativa está diseñada para ofrecer amparo y resarcimiento a menores que han quedado en situación de orfandad a causa de delitos graves contra la vida, tales como el feminicidio, el asesinato de varones perpetrado por sus parejas o exparejas, y los casos de homicidio-suicidio en contextos de violencia intrafamiliar. Su propósito central es garantizar una atención integral, protección social y reparación efectiva a estos niños y adolescentes.
Un componente esencial de esta legislación es la instauración de un apoyo económico mensual, equivalente a no menos del veinte por ciento del salario mínimo nacional, que será financiado por el Estado central. Este beneficio se estructurará en dos fases: una provisional, activada desde el inicio de la investigación del suceso, y una definitiva, que se consolida una vez emitida una sentencia condenatoria firme. La normativa subraya que este auxilio económico no podrá ser interrumpido, incluso si el perpetrador no es identificado o si se produce una absolución, asegurando así una continuidad en el soporte.
Además del respaldo financiero, la ley contempla un conjunto de medidas integrales destinadas a la protección y desarrollo de los beneficiarios. Estas abarcan el acceso garantizado a la educación y la atención sanitaria, la provisión de un subsidio alimentario específico para niños menores de cinco años, y la formación de equipos multidisciplinarios dedicados a brindar acompañamiento terapéutico y psicológico a los afectados.
Un principio rector de la ley es la salvaguarda de la unidad familiar, estableciendo la no separación de hermanos en situaciones de acogimiento o adopción. Se busca fervientemente promover que los niños y adolescentes se desarrollen en ambientes seguros y afectivos, priorizando su bienestar emocional y la estabilidad de sus lazos familiares
