El debate político en torno a la Gobernación de Tarija volvió a tomar fuerza a partir de dos temas que hoy concentran la atención pública: la revisión de las tarifas eléctricas y las dudas sobre la existencia de una denuncia formal ante la Fiscalía contra el exgobernador Óscar Montes. En ese escenario, el asambleísta departamental Rodrigo Delgado anunció que impulsará acciones de fiscalización sobre el servicio que presta Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) y, al mismo tiempo, cuestionó que no exista constancia de un proceso penal formal contra exautoridades departamentales, pese a los anuncios realizados anteriormente.
Delgado puso en duda que se haya formalizado una denuncia ante el Ministerio Público contra Montes y otros funcionarios de su administración. Según su observación, hasta ahora no habría evidencia de que ese trámite haya llegado efectivamente a la instancia fiscal, lo que abre interrogantes sobre el alcance real de las acciones anunciadas y sobre el curso que han seguido las acusaciones por presuntos hechos de corrupción en la gestión anterior.
La diferencia entre los señalamientos públicos y la presentación de una denuncia formal marca, para el legislador, un punto central en la discusión. Mientras persisten los cuestionamientos políticos hacia la anterior administración, la ausencia de una causa registrada ante la Fiscalía deja en suspenso la posibilidad de que esos hechos sean investigados penalmente en el marco correspondiente.
En paralelo, el asambleísta adelantó que la revisión de las tarifas eléctricas será uno de los frentes de trabajo que promoverá desde la Asamblea Departamental. Para ello, anunció que acudirá a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), entidad encargada de regular y supervisar el sector eléctrico en el país, con el propósito de verificar cómo se determinan los costos que terminan pagando los usuarios.
La iniciativa busca revisar los elementos que intervienen en la fijación de las tarifas y los criterios aplicados para establecer los montos que se trasladan a la población. El planteamiento cobra relevancia en un contexto en el que distintos sectores expresan preocupación por el impacto del costo de la energía en la economía de las familias, en la actividad comercial y en el sector productivo del departamento.
La fiscalización anunciada también podría abrir un debate más amplio sobre la situación financiera y operativa de SETAR, así como sobre las responsabilidades de la empresa departamental y de las instancias que deben controlar la prestación del servicio. En ese marco, el tema eléctrico se suma a la agenda política como uno de los asuntos que generan mayor sensibilidad social.
A la par de este escenario, persisten los cuestionamientos a la orientación de la actual administración departamental. Sectores de la Asamblea Legislativa Departamental y actores políticos observan dificultades en la articulación institucional y consideran que la Gobernación debería concentrar mayores esfuerzos en la gestión de recursos, financiamiento y proyectos capaces de responder a las principales demandas de la población.
Uno de los puntos señalados en ese debate es la relación con el Gobierno nacional. Las críticas apuntan a que una coordinación más efectiva permitiría avanzar en la obtención de programas de inversión, financiamiento y obras que requieren recursos superiores a la capacidad económica del departamento. En un contexto de restricciones presupuestarias y reducción de ingresos para las gobernaciones, la capacidad de gestión se convierte así en uno de los principales desafíos para la administración departamental.
Los sectores críticos sostienen además que la confrontación política no debería desplazar la búsqueda de soluciones concretas a los problemas sociales y económicos de Tarija. Entre los temas que consideran prioritarios figuran la ejecución de proyectos, la continuidad de obras y la generación de condiciones para reactivar la economía regional.
En ese marco, Delgado dejó planteadas dos líneas de acción desde la Asamblea: por un lado, la fiscalización de las tarifas eléctricas de SETAR mediante las instancias de control correspondientes; y por otro, el seguimiento a la situación de las denuncias anunciadas contra exautoridades departamentales, en particular contra Óscar Montes.
Con ello, la Gobernación vuelve a quedar bajo el foco del debate político, en medio de exigencias de mayor claridad sobre sus decisiones administrativas y de mayores resultados en la gestión. La discusión, mientras tanto, sigue girando entre la necesidad de esclarecer presuntas irregularidades y la urgencia de impulsar mecanismos de coordinación y financiamiento que permitan atender las demandas más apremiantes de Tarija.
