Las interpelaciones reiteradas a ministros volvieron a abrir este lunes 31 de agosto el debate dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el equilibrio entre la fiscalización y la producción de leyes. Mientras una parte de los parlamentarios sostiene que estos mecanismos son parte esencial del control político, otros advierten que su uso frecuente termina afectando el funcionamiento de las comisiones y del pleno, en un momento en que siguen pendientes varias iniciativas legislativas.
La discusión se intensificó después de que en las últimas dos semanas se registraran cuatro interpelaciones en el Legislativo, una seguidilla que reavivó las críticas sobre el tiempo que consume este tipo de actos. Para algunos legisladores, la prioridad no debería estar en elegir entre interpelar o aprobar leyes, sino en cumplir con las tres atribuciones que, según recuerdan, tienen los parlamentarios: legislar, gestionar y fiscalizar. Bajo esa lógica, las interpelaciones forman parte del tercer componente y resultan necesarias cuando se trata de temas que consideran relevantes para el país.
Esa fue la postura de la senadora de Libre, Tomasa Yarhui, quien defendió la vigencia de las interpelaciones y rechazó que se las enfrente con la aprobación de normas. A su juicio, sería un error colocar una actividad por encima de la otra, ya que ambas responden a funciones distintas dentro del trabajo legislativo. Además, sostuvo que existen temas de importancia nacional que justifican este tipo de mecanismos de control.
Yarhui también explicó que su bancada presentó dos nuevas interpelaciones, una dirigida al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y otra al ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, para que respondan por las supuestas implicaciones de Fernando Cerimedo con el gobierno. Frente a las críticas que señalan que el Parlamento estaría dejando de lado el tratamiento de leyes por dedicar tiempo a estas convocatorias, la senadora aseguró que sí hay iniciativas en espera, pero que no existe voluntad política para darles curso, sobre todo cuando provienen de la oposición. En ese marco, mencionó la reforma parcial a la Constitución, una propuesta que, según dijo, sigue pendiente y que el gobierno no considera prioritaria.
En la vereda opuesta, el diputado de Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), Diego Brañez, planteó que la acumulación de interpelaciones está perjudicando el desempeño de las comisiones y también del pleno de la Asamblea. A su criterio, la programación constante de estos actos dificulta el desarrollo normal del trabajo parlamentario y termina restando espacio al tratamiento de otras tareas legislativas.
Brañez pidió que exista un filtro previo antes de definir una interpelación y cuestionó que, en algunos casos, se repitan preguntas que ya fueron formuladas con anterioridad. Como ejemplo, señaló que al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, se le hicieron al menos seis preguntas que ya habían sido planteadas a su antecesor, Mauricio Medinaceli. Desde su perspectiva, ese tipo de procedimientos no aporta al proceso de fiscalización y debería evitarse.
El legislador sostuvo además que las interpelaciones deben ser la última instancia dentro de un proceso investigativo y no la primera. En su opinión, antes de llegar a esa fase, podrían utilizarse informes escritos si con ello se evita convocar al ministro directamente. Brañez insistió en que no tiene sentido insistir con interpelaciones basadas en consultas repetidas, porque eso termina afectando el trabajo del Parlamento sin generar resultados nuevos.
La serie de interpelaciones recientes refuerza esa tensión. El 8 de agosto fue citado Gabriel Espinoza, exministro de Economía, quien terminó censurado tras no asistir. El 19 de agosto compareció el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien obtuvo el voto de confianza. El 25 de agosto acudió Marcelo Blanco, titular de Hidrocarburos y Energías, para responder sobre el abastecimiento de combustibles y logró mantenerse en el cargo. Un día después, el 26 de agosto, fue interpelado Marco Antonio Oviedo por el caso narco maletas y evitó la censura.
Con ese antecedente inmediato, el debate quedó instalado en torno a una pregunta de fondo: si la Asamblea Legislativa Plurinacional está dedicando demasiada energía a los cuestionamientos a ministros y dejando en segundo plano el tratamiento de leyes que también esperan ser aprobadas.
