En el contexto de la inminente conclusión de su gestión, el gobernador Oscar Montes se enfrenta a acusaciones sobre la supuesta contratación irregular de personal en el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca). Esta controversia ha surgido tras denuncias formuladas por Franz Ayarde, dirigente de los trabajadores del Sedeca, quien asegura que al menos 14 nuevos funcionarios han sido incorporados con ítems en un intento de garantizar su estabilidad laboral antes del cambio de administración.
Ayarde cuestionó la legalidad de estas contrataciones, señalando que se han realizado sin la debida certificación presupuestaria y sin el respaldo de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. Según sus afirmaciones, esta acción podría incrementar la plantilla del Sedeca de 55 a aproximadamente 75 trabajadores, lo que considera un abuso del poder ejecutivo en un momento crítico para la gestión pública.
Las acusaciones no se limitan únicamente a la cantidad de trabajadores, sino que también incluyen supuestas irregularidades en los procesos de contratación. Ayarde argumentó que algunos funcionarios han sido favorecidos con cargos administrativos a pesar de no desempeñar esas funciones, además de recibir reconocimientos retroactivos por antigüedad laboral que habrían sido injustificados.
Frente a estas afirmaciones, el gobernador Montes ha salido al paso para desmentir las acusaciones. En su defensa, aclaró que no se han realizado nuevas contrataciones como se ha afirmado. En lugar de ello, explicó que se trata de una reubicación del personal proveniente del cierre de la Dirección Administrativa Vial (DAV). Montes enfatizó que esta medida forma parte de una reorganización interna y no implica la creación de nuevos ítems.
El gobernador destacó que los ítems actuales se están reduciendo y subrayó que la institución tiene capacidad para gestionar hasta 617 ítems, aunque actualmente solo cuenta con alrededor de 400. Esto indica que hay vacantes disponibles y refuerza su argumento sobre la falta de nuevas contrataciones.
Con estos intercambios públicos entre los dirigentes laborales y el gobierno departamental, se intensifica el debate sobre la gestión administrativa en Tarija en un periodo donde las decisiones tomadas pueden tener repercusiones significativas para el futuro del Sedeca y sus trabajadores. La situación refleja las tensiones inherentes al final de una administración y plantea interrogantes sobre las prácticas laborales en el sector público.
