El Gobierno boliviano ha reafirmado su compromiso en la lucha contra el crimen organizado transnacional mediante la participación de su viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, en una reunión institucional celebrada entre la Unión Europea y el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) en Santiago de Chile. Este encuentro representa un espacio estratégico para fortalecer la colaboración internacional frente a las amenazas que afectan la seguridad regional y global.

Durante la reunión, Justiniano expuso con claridad la posición del Ejecutivo boliviano frente a los desafíos que plantea el avance del crimen organizado. Destacó que delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos y la ciberdelincuencia no deben analizarse como hechos aislados, sino como componentes interconectados de redes criminales complejas. Estas redes operan con una logística internacional sofisticada, cuentan con recursos financieros significativos y se adaptan constantemente a los avances tecnológicos, lo que exige respuestas igualmente coordinadas y estructuradas.

El viceministro subrayó que ante una criminalidad que se globaliza, la cooperación entre Estados debe institucionalizarse para ser verdaderamente efectiva. Este planteamiento reconoce que ningún país puede enfrentar por sí solo estas organizaciones debido a su alcance regional y global. La cooperación permanente y orientada a resultados es fundamental para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado y para fortalecer las capacidades institucionales encargadas de combatir estos delitos.

En este sentido, Bolivia ha asumido un papel destacado al tomar la Presidencia Pro Tempore del CLASI. La autoridad boliviana enfatizó que esta responsabilidad será ejercida con un enfoque técnico y corresponsable, orientado a consolidar una cooperación más sólida entre América Latina y la Unión Europea. Esto implica no solo compartir información y recursos, sino también coordinar acciones concretas que permitan impactos reales en la reducción de estas actividades ilícitas.

El compromiso expresado por Bolivia refleja un posicionamiento claro dentro del ámbito internacional: no se protegerá a ninguna persona o grupo que actúe al margen de la ley. Esta postura firme busca enviar un mensaje inequívoco sobre la voluntad política para enfrentar con decisión los retos que plantean las redes criminales transnacionales.

La reunión entre representantes europeos y latinoamericanos constituye un paso relevante para establecer mecanismos permanentes de colaboración en seguridad interior. Para la población involucrada, este tipo de esfuerzos tiene implicaciones directas en términos de mayor seguridad ciudadana, protección de derechos humanos y reducción del impacto negativo que generan estos delitos en las economías nacionales y en el bienestar social.

En definitiva, Bolivia ha puesto sobre la mesa una agenda clara para fortalecer los vínculos internacionales contra el crimen organizado, promoviendo una alianza estratégica con actores clave como la Unión Europea. Esta dinámica permitirá avanzar hacia soluciones integrales basadas en cooperación técnica efectiva, intercambio constante de información y acciones coordinadas que beneficien a toda la región latinoamericana frente a amenazas comunes cada vez más sofisticadas