En medio de la creciente tensión social generada por los bloqueos viales que afectan a diversas regiones del país, el expresidente ha dirigido su atención hacia las Fuerzas Armadas. En días recientes, ha identificado a jefes militares como objeto de seguimiento y críticas públicas.

Esta situación se inició el domingo, cuando instó a sus seguidores en las bases cocaleras a identificar y hacer seguimiento al coronel Óscar Jaramillo Fernández, quien fue designado recientemente como comandante militar en el municipio de Shinahota. Posteriormente, el miércoles, se refirió a otros oficiales de alto rango, difundiendo sus declaraciones a través de una emisora radial comunitaria.

El exmandatario declaró explícitamente sobre el oficial: Identifiquen a ese comandante, hagan seguimiento de cómo se mueve, si está caminando, en qué dirección… cómo (quieren) atentar. Justificó este llamado acusando al coronel de liderar una supuesta operación de inteligencia destinada a destruir el radio de cultivo de coca en el Trópico de Cochabamba.

Esta instrucción para que civiles realicen labores de vigilancia sobre personal militar —una función que corresponde exclusivamente a los cuerpos especializados de seguridad del Estado— se produce en un momento en que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana llevan a cabo operativos conjuntos para despejar bloqueos en zonas conflictivas como Parotani, Pirque, Vinto, en Cochabamba, y Llallagua en Potosí.

Las manifestaciones del expresidente han generado preocupación entre políticos y jefes castrenses, quienes consideran que podrían constituir una incitación a la vigilancia ilegal y a la confrontación con instituciones estatales fundamentales. Asimismo, se ha expresado inquietud por la seguridad de las familias de los militares involucrados.

Adicionalmente, el exjefe de Estado no se limitó a señalar al coronel Jaramillo, sino que también aludió a otros mandos militares y policiales de alta jerarquía, mencionándolos por nombre. Acusó al general Wilson Sánchez, jefe de Estado Mayor del Comando, de intentar cortar servicios básicos al Trópico y se refirió a él con un apodo despectivo. Al coronel Guarachi Morales, lo responsabilizó por los enfrentamientos con manifestantes en la zona de Parotani, mientras que a un ejecutivo de la Dirección General de Identificación Personal (Segip) en Cochabamba lo señaló como responsable de realizar disparos durante un operativo. Mencionó también que el general Aguilar, comandante del Ejército, se habría reunido recientemente para planificar la represión.

El expresidente también afirmó que más del 80% de los militares apoyan su proceso político y aseguró que mantiene un seguimiento constante a los mandos militares. Incluso reveló supuestas reuniones entre jefes de las Fuerzas Armadas y del Órgano Judicial para debatir posturas políticas internas.

El exmandatario permanece en Lauca Ñ, bajo una fuerte custodia de guardias sindicales cocaleros. No ha salido de esta localidad en varios meses, y su discurso público desde este enclave ha experimentado una radicalización tanto en tono como en contenido.

En respuesta a la situación de los bloqueos, el presidente Luis Arce confirmó haber instruido un operativo conjunto de la policía y el ejército para despejar, inicialmente, la carretera Cochabamba-Oruro, que ha permanecido obstruida durante diez días por sectores afines al expresidente. El presidente precisó que la instrucción fue dada tanto a la Policía Boliviana, a través del Ministerio de Gobierno, como a las Fuerzas Armadas, mediante el Ministerio de Defensa, para ejecutar esta operación de desbloqueo