La situación financiera del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija se ha tornado crítica, al punto de contemplarse la posibilidad de un cese de actividades a partir del mes de agosto. Esta severa condición económica es resultado directo de la disminución significativa en los ingresos percibidos por concepto de regalías.
Las autoridades departamentales han descrito la institución como hipotecada debido a las considerables obligaciones financieras pendientes, específicamente una deuda anual de 100 millones de bolivianos con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), monto que debe ser transferido anualmente.
De un total de recursos proyectados para el año, estimado en alrededor de 240 millones de bolivianos, una parte sustancial se destina a cubrir estas deudas. Cien millones de bolivianos se dirigen al pago del FNDR, dejando 140 millones. De esta cifra restante, 60 millones se consumen en gastos de funcionamiento. Adicionalmente, se requieren al menos 45 millones de bolivianos para cubrir seguros esenciales y garantizar la operación del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).
Esto deja un remanente de entre 35 y 40 millones de bolivianos. Sin embargo, la cobertura de programas sociales fundamentales como el Prosol, la canasta alimentaria para adultos mayores, el paquete de beneficios para personas con discapacidad y el pago de ítems en el sector salud demanda una suma considerablemente mayor, superando los 400 millones de bolivianos.
Ante este marcado déficit, se considera inviable mantener el cumplimiento de leyes sociales que fueron aprobadas en épocas de mayor bonanza económica. Por ello, se ha anunciado la necesidad de una profunda reestructuración de estos programas con el objetivo de reducir el número de beneficiarios.
Se ha expresado preocupación por la aparente falta de voluntad de la Asamblea Legislativa Departamental para coadyuvar en la resolución de esta encrucijada financiera, situación que, según el ejecutivo, fue generada en parte por decisiones de la propia asamblea. Se recuerda que los créditos y leyes que hoy representan una carga significativa fueron aprobados con entusiasmo por la asamblea en un periodo en que los ingresos mensuales de la gobernación alcanzaban los 160 millones de bolivianos, en marcado contraste con los actuales 20 millones mensuales.
En este contexto, propuestas legislativas clave destinadas a sanear las finanzas y reducir el gasto público, como un proyecto de Ley de Emergencia Financiera y tres proyectos de ley para disminuir la escala salarial de autoridades ejecutivas y legislativas, no han avanzado en la Asamblea. Estas iniciativas fueron presentadas en octubre del año pasado, y nuevamente en enero y marzo del presente año, sin que hasta la fecha se haya procedido a su análisis.
Dada la persistencia de esta situación financiera y la falta de respuesta legislativa, se estima que la capacidad operativa actual podría extenderse únicamente hasta el mes de agosto. Posteriormente, podría ser necesario declarar un cierre, pues resulta imposible comprometer recursos económicos de los que no se dispone
