La controversia entre el Gobierno y los productores de leche se intensifica a medida que las partes interesadas expresan puntos de vista opuestos sobre los precios y la viabilidad del sector. Mientras que representantes del ejecutivo aseguran que el precio de la leche al consumidor se mantendrá estable en 6,90 bolivianos, los productores alertan sobre una disminución crítica en la producción, que podría derivar en problemas de suministro si no se atienden sus demandas con urgencia. La situación ha alcanzado un punto álgido, con informes que sugieren que varios ganaderos están optando por vender su ganado para sacrificio ante la falta de rentabilidad.
Un alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras declaró que no se contempla ningún tipo de incremento en el precio de la leche destinada al consumidor final. Según esta fuente, el ajuste que se está discutiendo con el sector lechero tiene como objetivo exclusivo mejorar la remuneración percibida por los productores, sin que esto repercuta en el costo que asumen los compradores en mercados y establecimientos comerciales.
En el marco de estas negociaciones, el Gobierno ha propuesto un aumento de 0,50 bolivianos por litro para los productores. Esta cifra es considerada razonable por las autoridades, quienes argumentan que la estructura de costos presentada por el sector incluía un incremento superior al 60%, considerado excesivo. Actualmente, la industria láctea paga a los productores entre 3,50 y 3,60 bolivianos por litro, dependiendo de la región. No obstante, el sector productor insiste en que el precio de la leche cruda debería establecerse en 6 bolivianos por litro para garantizar la sostenibilidad de la actividad.
Voces representativas de la Federación Departamental de Productores de Leche han manifestado que el sector se encuentra al borde del colapso. Advierten que la reducción en la producción a nivel nacional es inminente y que la inacción podría traducirse en una escasez de leche en el corto plazo. Según estas fuentes, la propuesta gubernamental no logra cubrir los costos reales de producción, lo que está llevando a muchos productores a tomar la decisión de liquidar sus cabezas de ganado ante la falta de perspectivas económicas favorables. La venta de vacas a mataderos se ha convertido en una medida desesperada para muchos, reflejando la gravedad de la situación.
Los líderes del sector lechero consideran insuficiente el incremento propuesto por el Gobierno y han presentado una contrapropuesta que plantea un ajuste diferenciado de precios. Esta propuesta contempla un aumento del 60% para la leche no regulada, que se comercializa directamente con la industria; un 30% para la leche regulada; y un 10% para la leche destinada a la exportación. Argumentan que una combinación de factores económicos adversos ha provocado un aumento significativo de los costos de producción. Entre estos factores, mencionan la escasez de divisas, el encarecimiento del maíz y la harina de soya, el alza en los precios de los combustibles y los insumos veterinarios, así como la carga financiera que representan las deudas acumuladas, que presionan a los productores a deshacerse de su ganado.
Datos oficiales indican que el consumo per cápita de leche en Bolivia se sitúa en 68 litros anuales, lo que representa un incremento del 40% desde 2012. En contraste, la producción nacional en 2023 alcanzó los 557 millones de litros.
Desde la Asociación de Productores Lecheros del Beni se ha calificado la reunión con las autoridades como una burla. Se denuncia una estrategia gubernamental de dividir al sector mediante convocatorias regionales y se cuestiona la oferta oficial, que aparentemente contradice estudios realizados por el propio Estado. Representantes de esta asociación critican la propuesta de un ajuste de apenas 50 centavos por litro, argumentando que la institución estatal Pro Bolivia ha reconocido que el costo de producción por litro de leche asciende a 5,16 bolivianos. Consideran inaceptable recibir un pago de 4 bolivianos por litro, ya que implicaría trabajar a pérdida.
La situación en la región del Beni se describe como especialmente crítica, con productores que estarían abandonando la actividad lechera ante la falta de rentabilidad. Se reporta un descenso en la actividad de las lecherías, con una migración hacia la producción de queso como alternativa más viable. Incluso se menciona una disminución en la recepción de leche por parte de la industria estatal de San Andrés. El incremento desproporcionado en el precio de insumos básicos como el maíz, la soya y los productos veterinarios es señalado como un factor determinante en la crisis. Se ejemplifica el caso del maíz, cuyo precio por quintal ha aumentado significativamente, haciendo insostenible la actividad lechera para muchos productores.
Tanto representantes de la Federación Departamental como de la Asociación de Productores del Beni coinciden en señalar el aumento alarmante de los costos de insumos y el impacto negativo de las restricciones en el acceso a divisas para la importación de elementos esenciales para la producción.
Se anticipa que los productores se reunirán en sus respectivas regiones para definir futuras acciones. Si bien no se han especificado medidas de presión concretas, se percibe un profundo malestar en el sector.
El país se enfrenta a un dilema complejo: el Gobierno busca mantener la estabilidad de precios para el consumidor final, mientras que los productores insisten en la necesidad de un ajuste realista para evitar el desplome de la producción lechera. Las conversaciones entre ambas partes se encuentran en un punto muerto, y el tiempo apremia ante la posibilidad de movilizaciones por parte del sector lechero
