La economía boliviana se encuentra en un punto crítico que demanda una transformación estratégica, transitando de una gestión reactiva a una proactiva, orientada a la inversión. Un detallado análisis, elaborado por un reconocido especialista en política monetaria, delinea un conjunto de acciones estructuradas en torno a tres ejes fundamentales: un plan de choque inmediato, la transición hacia un modelo de inversión y el robustecimiento de las instituciones nacionales.
El propósito central de esta propuesta es restaurar la confianza en el presente, considerándola la base indispensable para un crecimiento sostenido en el futuro. Se advierte que la economía nacional padece los tres desfases inherentes a la política económica: el de identificación del problema, el de la ejecución de soluciones y el de la manifestación de sus resultados. Por ello, se subraya la imperiosa necesidad de implementar las reformas con una planificación rigurosa y calendarios de ejecución transparentes y de conocimiento público.
La hoja de ruta planteada establece una progresión temporal clara: un paquete de acciones urgentes para los primeros 30 días de una nueva administración, seguido de ajustes regulatorios y normativos clave en los primeros 100 días, y finalmente, transformaciones estructurales de mayor envergadura proyectadas para el quinquenio de gobierno.
La fase inicial, denominada de emergencia, se concentra en los primeros treinta días y busca restablecer la liquidez, fortalecer la confianza y asegurar la disponibilidad de divisas. Para ello, se contempla la negociación de convenios con entidades financieras internacionales, estableciendo condiciones transparentes que aseguren el flujo de recursos externos. Simultáneamente, se propone la devolución programada de los depósitos en moneda extranjera a los ciudadanos, la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) aplicado a operaciones en dólares y la liberalización de las exportaciones del sector agroindustrial. Una medida de particular delicadeza consiste en la reestructuración del sistema de subsidios a los combustibles, mediante la imposición de límites claros y la implementación de un esquema de apoyo focalizado, mientras se garantiza la estabilidad de las tarifas del transporte público.
Una segunda etapa, que abarca del día 31 al 100, se enfoca en la consolidación de un marco normativo estable y predecible. Esto implicaría la revisión y modificación de la Ley del Presupuesto General del Estado para el año 2026, con el objetivo de contener el gasto corriente y reestructurar las empresas estatales. Asimismo, se plantea la adopción de una política cambiaria más adaptativa, caracterizada por una banda deslizante bajo control, y la simplificación del sistema tributario como incentivo para la formalización de la economía.
Tras la estabilización del panorama fiscal, la estrategia para los años uno y dos se orienta a revitalizar la capacidad productiva y exportadora del país. Se propone la implementación de un ambicioso programa para impulsar las exportaciones en sectores clave como la producción cárnica, la soya, el litio y la energía. En el ámbito de los hidrocarburos, se sugiere la promulgación de una nueva ley que, si bien preserve la titularidad estatal de los recursos, fomente la participación de la inversión privada a través de contratos claros, un entorno regulatorio estable y el cumplimiento de rigurosos estándares ambientales. Complementariamente, se consideran reformas de índole constitucional para establecer una regla fiscal sencilla, asegurar la independencia del Banco Central y definir un marco jurídico robusto para las asociaciones público-privadas. En el frente financiero, se prevé una gestión proactiva de los pasivos, que incluya operaciones de canje, extensión de plazos y subastas programadas para mitigar el riesgo de refinanciación. Adicionalmente, se propone una nueva normativa monetaria que impida al Banco Central financiar directamente al sector público.
La fase final de la propuesta, que abarca del tercer al quinto año, se dedica a la consolidación de los cimientos institucionales necesarios para un crecimiento sostenido. En este periodo, se plantea la reorganización y fortalecimiento de organismos fundamentales como el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la Aduana Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Gestora Pública. Culminando este proceso, se contempla una reforma constitucional que establezca una regla fiscal de largo alcance y un mecanismo renovado para la distribución de los recursos públicos.
El éxito de cualquier futura administración se considera intrínsecamente ligado a tres pilares fundamentales: la disponibilidad de recursos y una estricta disciplina fiscal; una comunicación transparente y efectiva de cada iniciativa a la ciudadanía; y la capacidad de forjar amplios consensos entre los distintos actores económicos, sociales y políticos del país
