El trágico asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha provocado una profunda inquietud a nivel nacional y representa un desafío considerable para la política de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este suceso se produce en un contexto donde la administración federal ha destacado una disminución histórica en los índices de homicidio desde su investidura en octubre pasado.

El sábado por la noche, Manzo, de 40 años, fue ultimado a tiros mientras participaba en la conmemoración del Día de Muertos en un parque local. Cientos de personas, incluyendo numerosas familias y niños, se encontraban presentes en el lugar en el momento del ataque.

El edil había asumido su cargo en 2024, tras una exitosa campaña como candidato independiente. Durante su breve mandato, Manzo se había caracterizado por denunciar públicamente la presunta infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de la organización criminal Caballeros Templarios en la esfera política de Michoacán. Sus señalamientos habían llegado a involucrar al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, afiliado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder