Residentes de la comunidad de Chiquiacá, ubicada en el municipio de Entre Ríos, han presentado quejas ante la Defensoría del Pueblo en Tarija, alegando que se les estaría condicionando el acceso a beneficios de vivienda social a la afiliación a una organización específica de mujeres campesinas.

Esta situación fue puesta en conocimiento de la delegación defensorial durante visitas realizadas a la zona a lo largo del presente año. Ante la gravedad de las acusaciones, la entidad ha iniciado una investigación formal para esclarecer los hechos.

Como parte de las diligencias, se han llevado a cabo entrevistas con diversas partes involucradas, incluyendo al director de la Agencia Estatal de Vivienda. Asimismo, se han emitido solicitudes formales de información a las instancias correspondientes para recabar documentación y detalles sobre los procesos de selección de beneficiarios.

La respuesta obtenida inicialmente desde la Agencia Estatal de Vivienda señala que los requisitos para ser considerado en los programas de vivienda social se basan en criterios técnicos y normativos, principalmente relacionados con la propiedad del terreno donde se proyecta la construcción. La entidad negó rotundamente que se exija algún tipo de filiación política o pertenencia a organizaciones sociales como condición para acceder a estos programas.

Sin embargo, la Defensoría recibió nuevas comunicaciones sobre la misma problemática por parte de mujeres de Chiquiacá en el mes de febrero, lo que motivó la profundización de la investigación. Se retomaron las entrevistas tanto con quienes presentaron las denuncias como con las personas señaladas en las mismas.

Con el objetivo de obtener una perspectiva más completa y directa de la situación en el terreno, se ha programado una visita a las áreas afectadas para la próxima semana. Las alegaciones persistentes indican que la supuesta exigencia de afiliación no se limitaría únicamente a los proyectos de construcción de vivienda nueva, sino que también afectaría a iniciativas de ampliación de viviendas existentes.

La investigación en curso se fundamenta en el principio de que el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental para todas las personas. La Defensoría recuerda que la finalidad esencial de la Agencia Estatal de Vivienda es precisamente facilitar el ejercicio de este derecho a aquellos sectores de la población que carecen de los recursos económicos necesarios para acceder a un techo propio por sus propios medios