La Brigada Parlamentaria de Tarija atraviesa un periodo de significativa inestabilidad institucional, marcado por la expiración del mandato de su actual directorio en enero y la subsiguiente falta de convocatoria a elecciones para renovar la directiva. Esta situación ha generado un clima de tensión política que ha paralizado las actividades de la institución, llegando incluso al cierre temporal de sus oficinas.
La controversia se centra en la figura del diputado Eloy Maraz, quien presidió el directorio saliente y es señalado por no haber procedido con la convocatoria a nuevos comicios. Esta omisión ha desatado críticas y acusaciones de maniobras políticas internas, particularmente relacionadas con la distribución de poder entre diferentes facciones políticas. Desde la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) se ha manifestado la intención de impulsar una convocatoria a elecciones en los próximos días, ante la inacción del actual presidente.
El cierre de las oficinas de la Brigada Parlamentaria añade un elemento de gravedad a la crisis. Este hecho, ocurrido en vísperas de una fecha cívica relevante para la región, ha dejado a la institución sin operatividad y sin personal técnico, lo que impide el desarrollo normal de sus funciones. Se han producido acusaciones cruzadas sobre las razones del cierre, con denuncias de intentos de toma de las instalaciones por parte de algunos parlamentarios, en medio de las disputas por el control de la Brigada.
Según declaraciones de la diputada Esther Sánchez, la problemática radica en la falta de acuerdo entre facciones internas de una de las principales fuerzas políticas, quienes no logran consensuar la distribución de cargos y cuotas de poder dentro de la institución. Esta pugna interna estaría obstaculizando la renovación del directorio y, por ende, el funcionamiento regular de la Brigada.
Por su parte, la diputada Viviana Aparicio ha desestimado algunas de las denuncias y ha señalado a otros actores políticos como responsables de la dilación en la convocatoria a elecciones. Aparicio argumenta que ha intentado coordinar con otros miembros del directorio para impulsar la convocatoria, pero sin éxito, lo que perpetúa la situación de prórroga del mandato actual.
La crisis institucional tiene consecuencias directas en la operatividad de la Brigada Parlamentaria. Se reportan dificultades para gestionar el presupuesto asignado, limitaciones para llevar a cabo labores de fiscalización debido a la falta de recursos básicos como vehículos y material de oficina, e incluso incertidumbre sobre la continuidad del alquiler de las oficinas a partir del mes de junio. Esta situación pone en evidencia la profunda disfuncionalidad en la que se encuentra la institución, afectada por las disputas políticas internas y la falta de liderazgo para superar la actual coyuntura
