Las gestiones para asegurar el financiamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en Tarija se encuentran en una fase avanzada, con un progreso estimado del 80%. El paso final consiste en la formalización contractual por parte de la entidad financiera internacional. Esta información fue recientemente comunicada por Álvaro Ruiz, el Ministro de Medio Ambiente.

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es la institución encargada de proveer el crédito, que asciende a 65 millones de dólares, destinado a la construcción de esta infraestructura vital. Ya se han concretado los acuerdos sobre las condiciones previas con la CAF. Los términos financieros clave incluyen un plazo de amortización de 18 años, una tasa de interés del 1.95%, y un periodo de gracia de 78 meses, todos ellos ya aprobados.

Para garantizar la supervisión y el cumplimiento de los requisitos, la CAF ha contratado a un especialista con una inversión de 50 mil dólares, quien se encargará del seguimiento exhaustivo del proyecto. Actualmente, la CAF está inmersa en la elaboración del contrato definitivo. Si bien se reconocieron algunos retrasos previos, atribuidos a los procesos electorales en Bolivia, incluyendo la segunda vuelta, estos factores ya han sido superados.

En las etapas preliminares de este proyecto, se contó con la participación de Janeth Sánchez en Tarija. La documentación que respalda el financiamiento de 65 millones de dólares también contempla el cierre de las lagunas de oxidación existentes. El diseño de la planta de tratamiento, definido en colaboración con la CAF, incorpora modificaciones sustanciales en el sistema de colectores. Una propuesta inicial que implicaba excavaciones de 30 metros de profundidad fue descartada por inviabilidad. El diseño revisado aprovecha estratégicamente las pendientes naturales, como las del borde del aeropuerto, y prevé la construcción de puentes para establecer colectores eficientes que servirán a zonas como el río Guadalquivir y la conexión entre San Luis y el barrio La Terminal.

Paralelamente a la infraestructura urbana, se impulsan iniciativas en el sector agrícola. El proyecto Carrizal, por ejemplo, busca optimizar el uso del agua regulada para potenciar la producción agrícola en las regiones de Tarija y Chuquisaca.

Adicionalmente, se ha integrado un plan para la sustitución de la tubería principal de riego en el área de influencia de San Jacinto dentro de un programa más amplio para empresas y riego. Esta medida proyecta habilitar 10 mil hectáreas para la producción, con una inversión estimada superior a los 600 millones de bolivianos. A pesar de que la licitación inicial para los sistemas de riego en la represa Calderas no prosperó, una segunda convocatoria ya ha sido publicada a través del Sistema de Contrataciones del Estado (SICOES), y se espera una nutrida participación de proponentes

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