La controversia rodea una legislación nacional destinada a impulsar el sector de hidrocarburos en Bolivia, particularmente en lo que respecta a su impacto financiero en las entidades subnacionales. Desde la región de Tarija, se han levantado voces de descontento ante la normativa vigente y las propuestas de modificación, argumentando que la política actual de financiamiento ha resultado en una significativa merma de recursos sin generar los beneficios esperados para su departamento.
Según datos provenientes de Tarija, entre los años 2016 y 2024, esta región habría contribuido con una suma considerable, estimada en 60,90 millones de dólares, a un fondo nacional establecido para fomentar la exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, representantes locales señalan que este aporte no se ha traducido en retornos tangibles para el departamento, generando preocupación y críticas hacia la gestión central de los recursos.
La legislación en cuestión, identificada como Ley 767, establece un mecanismo de financiamiento para incentivar la actividad hidrocarburífera a nivel nacional. Este mecanismo implica la detracción de un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) antes de su distribución a gobernaciones, municipios y universidades públicas. Específicamente, se destina el 12% del IDH a un Fondo de Promoción, una disposición que ha sido objeto de críticas desde su implementación.
Actualmente, se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que busca modificar la Ley 767. No obstante, persisten las objeciones desde Tarija, ya que se denuncia que la propuesta de modificación mantendría intacto el artículo que permite la detracción de recursos del IDH. Esta continuidad en la política de financiamiento es vista como una imposición que afecta negativamente las economías regionales y universitarias, obligándolas a financiar competencias que, según los críticos, corresponden al nivel central del gobierno.
Voces parlamentarias de la oposición han expresado su preocupación por la persistencia de esta detracción de fondos, señalando que, a pesar de los años transcurridos desde la implementación de la Ley 767, no se ha rendido cuentas de manera transparente sobre el destino y la efectividad de los recursos acumulados en el Fondo de Promoción. Se cuestiona la eficacia de esta medida como herramienta para impulsar el sector hidrocarburífero, especialmente en un contexto donde se percibe una crisis energética y una falta de inversión significativa en exploración y explotación.
Se argumenta que la política actual, al detraer recursos de las entidades subnacionales, agrava sus ya existentes dificultades financieras. En este sentido, se plantea la necesidad de revisar el esquema de financiamiento y buscar alternativas que permitan impulsar el desarrollo del sector hidrocarburífero sin comprometer la estabilidad económica de las regiones y las instituciones de educación superior. La discusión sobre la modificación de la Ley 767 continúa abierta, con la expectativa de que se consideren las preocupaciones planteadas desde Tarija y otros sectores afectados por la actual normativa
