En un escenario político nacional marcado por la efervescencia preelectoral y las discusiones sobre el futuro liderazgo del país, el Gobierno ha intensificado las acciones judiciales en relación con los sucesos del 26 de junio de 2024. Una serie de órdenes de detención han sido emitidas, dirigidas a figuras diversas que incluyen políticos, abogados, militares y académicos, todos ellos vinculados a la asonada militar ocurrida en las proximidades del Palacio Presidencial en la fecha mencionada. Analistas políticos sugieren que estas medidas podrían interpretarse como un intento por parte del oficialismo de fortalecer su imagen de cara a las próximas elecciones generales programadas para el 17 de agosto, utilizando el caso del ‘26J’ como elemento de cohesión y demostración de firmeza.
Este giro en la agenda pública se produjo poco después de la disolución de un bloque político unitario, un evento que había dominado el debate político, centrando la atención en las consecuencias para la oposición, el partido gobernante y la fractura de alianzas políticas relevantes. En este contexto, el Ministerio de Gobierno presentó un extenso material audiovisual titulado ‘¿Qué pasó el 26J en Bolivia?’, en un evento que contó con la presencia de altas autoridades del Ejecutivo.
El documental gubernamental describe los hechos como un intento de golpe militar perpetrado por un grupo aislado de miembros de las Fuerzas Armadas, con apoyo de civiles. Según la narrativa presentada, este intento golpista tenía como objetivo último la desestabilización del país, incluyendo la posibilidad de atentados contra la vida del Presidente y otros altos funcionarios del Estado.
Esta versión oficial ha sido la línea argumentativa mantenida por el Gobierno durante los casi diez meses transcurridos desde el incidente. Hasta la fecha, 27 personas están siendo procesadas en relación con estos hechos, siendo el principal investigado un ex alto mando militar, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de junio del año anterior.
Un elemento destacado del material audiovisual presentado es la inclusión de un esquema que revela la supuesta conformación de un gabinete ministerial paralelo liderado por el principal acusado. Este organigrama, basado en investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía y los servicios de inteligencia policial, incluye nombres de figuras públicas y profesionales reconocidos en diversos ámbitos del país.
En la mañana siguiente a la presentación del documental, se produjo la detención de un abogado, interceptado por unidades tácticas policiales cuando se dirigía a dejar a su hija al colegio. El jurista fue trasladado a la ciudad de La Paz para comparecer ante la justicia, tras ser identificado como un posible ministro de Justicia o fiscal general en el hipotético gobierno paralelo del exmilitar investigado. Este arresto generó un inmediato realineamiento en el discurso de la oposición, que denunció una maniobra del Gobierno para generar inestabilidad y justificar una posible extensión del mandato presidencial.
El ministro de Gobierno declaró que la detención del abogado se debió a su presunta participación en la elaboración de un discurso que el exmilitar habría leído tras la toma del poder, un documento denominado ‘Fundamentación 1’. Según la autoridad, tanto el abogado como un activista, ya detenido previamente, habrían participado en la selección de los integrantes del mencionado gabinete paralelo. El activista es señalado por el Gobierno como coautor de la asonada militar.
Según declaraciones del ministro, existen evidencias documentales y periciales que corroborarían la participación del abogado en la planificación de un golpe militar y su conocimiento de la intención de establecer un “gobierno de liberación nacional”. El abogado enfrenta cargos por encubrimiento, terrorismo, alzamiento armado y atentado contra el Presidente. Entre las personas señaladas como parte del presunto gabinete paralelo se encuentran un economista, un experto en planificación, un ingeniero, un profesional de la educación, y otros especialistas en áreas como desarrollo productivo, justicia y banca central.
Tras estas acusaciones, se produjeron nuevas detenciones, incluyendo la del abogado en la ciudad oriental de Santa Cruz, un general retirado en la región central de Cochabamba, un miembro de una agrupación civil en la misma ciudad, y un coronel retirado en el sur del país. Existe una orden de aprehensión adicional contra un diputado opositor, quien reconoció haber recibido una llamada telefónica del activista implicado en la asonada, aunque alega que fue para solicitar un pronunciamiento público y no para participar en la conspiración.
Desde ciertos sectores de análisis político y periodístico se ha cuestionado la veracidad de la narrativa oficial, sugiriendo que la asonada militar podría ser una construcción artificial destinada a fortalecer la posición del Gobierno y desviar la atención de otros problemas. Se argumenta que esta estrategia busca proyectar una imagen de firmeza y determinación por parte del Presidente, percibido por algunos como carente de autoridad.
Se ha señalado que la activación de este caso judicial podría tener como objetivo generar un clima de temor entre la oposición y consolidar el poder del oficialismo. También se ha sugerido que este proceso judicial podría beneficiar indirectamente a ciertas figuras políticas de la oposición, al dispersar el voto y fragmentar el panorama político.
Por otro lado, voces críticas desde el ámbito militar en retiro han cuestionado los procedimientos utilizados por el Gobierno, denunciando supuestas vulneraciones al debido proceso y acusando al Ejecutivo de utilizar este caso para perseguir a opositores y silenciar voces críticas. Se argumenta que casos judiciales anteriores similares no han gozado de credibilidad pública y que el Gobierno estaría recurriendo a este expediente para neutralizar a figuras relevantes de la oposición.
Se ha informado que el Ministerio de Gobierno ha anunciado la existencia de nuevas órdenes de detención y una lista de legisladores citados a declarar en el marco de esta investigación. Asimismo, se ha conocido que la fiscalía ha solicitado una extensión de la detención preventiva del principal acusado y que el Gobierno buscaría la máxima pena para todos los implicados en el caso
