En la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija persiste un estancamiento en el tratamiento de una propuesta clave del ejecutivo regional, destinada a ajustar la escala salarial de los funcionarios. A pesar de ser la tercera vez que el gobernador Oscar Montes eleva esta iniciativa al órgano deliberativo, el proyecto aún no ha logrado superar la etapa de comisiones ni ser considerado en el pleno, incluso ante la solicitud de tratamiento preferente por parte del ejecutivo.

Voces dentro de la Asamblea señalan la existencia de un grupo de legisladores que estaría obstaculizando el avance de esta normativa. Según declaraciones de un asambleísta opositor, esta situación se prolonga desde noviembre del año anterior, acumulándose tres proyectos de ley similares sin que ninguno haya sido objeto de análisis sustantivo. Se critica la incongruencia entre el discurso público de algunos asambleístas, que se muestran a favor de la reducción salarial, y su accionar interno, considerado como un freno a la discusión y aprobación de la medida.

La falta de voluntad política sería el principal factor detrás de esta dilación, impidiendo el debate no solo de esta ley en particular, sino también de otras iniciativas legislativas pendientes. Se menciona incluso la suspensión de sesiones como una táctica para evitar abordar temas considerados prioritarios por el ejecutivo departamental.

Adicionalmente a la reestructuración salarial, se ha planteado una reducción en la plantilla de personal de la Asamblea, específicamente en el área de consultores, con el objetivo de generar ahorros presupuestarios significativos. Esta medida complementaria busca optimizar el gasto público en el contexto de disminución de ingresos departamentales.

Desde la bancada oficialista, una asambleísta argumentó que los anteriores proyectos de ley sobre la misma materia presentaron deficiencias y fueron devueltos al ejecutivo para su corrección. En relación al proyecto actual, se informó que ha sido remitido a la comisión de economía y finanzas para su evaluación, siguiendo el procedimiento legislativo regular antes de ser elevado al pleno para su debate. Si bien se manifiesta disposición a considerar la reducción salarial, se insiste en la necesidad de respetar los procesos normativos establecidos.

El ejecutivo departamental ha reiterado formalmente a la Asamblea la urgencia de abordar leyes que impactan significativamente las finanzas del departamento, especialmente ante la merma de recursos provenientes de regalías, lo que exige una revisión y ajuste del gasto público.

Datos recientes del Plan Operativo Anual 2025 revelan que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija maneja un presupuesto considerable, ubicándose como la cuarta más costosa a nivel nacional en comparación con las demás asambleas departamentales del país. Esta información añade contexto a la discusión sobre la necesidad de optimizar los recursos y ajustar el gasto en el ámbito legislativo departamental

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