La representación legislativa del departamento de Cochabamba, compuesta por 24 autoridades titulares entre senadores, diputados y un parlamentario supraestatal, generó un desembolso superior a los 34.3 millones de bolivianos en salarios y aguinaldos durante el quinquenio 2020-2025.
A nivel nacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia se estructura en 175 escaños. De estos, 36 corresponden a senadores, con cuatro por cada departamento; 60 son diputados plurinominales, 63 diputados uninominales, siete escaños especiales para diputados indígenas y nueve para parlamentarios supraestatales. En este esquema, Cochabamba aportó con cuatro senadores, nueve diputados plurinominales, nueve diputados uninominales (uno por circunscripción), un diputado indígena y un parlamentario supraestatal, sumando un total de 24 representantes.
La remuneración mensual de cada legislador titular se estableció inicialmente por encima de los 22.000 bolivianos, un monto que experimentó ajustes al alza a lo largo de la legislatura. Esta cifra implicó un gasto mensual de 528.000 bolivianos solo en salarios para los 24 representantes cochabambinos. Anualmente, incluyendo los aguinaldos, el desembolso superó los 6.8 millones de bolivianos, acumulando más de 34.3 millones de bolivianos al cabo de los cinco años. De manera individual, cada asambleísta titular percibió más de 1.4 millones de bolivianos en salarios durante el periodo.
Adicionalmente, los suplentes de estos legisladores también recibieron una compensación económica, que osciló entre los 7.000 y 8.000 bolivianos. Esto significa que cada escaño, considerando tanto al titular como a su suplente, representó un costo aproximado de 30.000 bolivianos mensuales para el erario público. En una perspectiva más amplia, el Estado boliviano destinó más de 250 millones de bolivianos únicamente para cubrir los salarios de los 175 diputados, senadores y representantes titulares de la ALP entre 2020 y 2025. Si se incluyen las remuneraciones de los suplentes, la inversión total en personal legislativo para el quinquenio superó los 341 millones de bolivianos.
En el contexto departamental de Cochabamba, la distribución de escaños durante el periodo 2020-2025 estuvo mayoritariamente en manos del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), que ocupó 17 curules, incluyendo tres senadores, trece diputados y el parlamentario supraestatal. Por su parte, Comunidad Ciudadana (CC) obtuvo siete escaños, distribuidos entre una senadora y seis diputados.
La evaluación del desempeño legislativo y de fiscalización, según diversas voces tanto del oficialismo como de la oposición, estuvo marcada por desafíos significativos. Legisladores de distintas facciones coincidieron en que las divisiones internas, la falta de orden, la desconfianza y las acusaciones de corrupción obstaculizaron el cumplimiento de las metas propuestas. Un factor determinante fue la fractura del MAS-IPSP, que se polarizó entre los afines al presidente saliente (arcistas) y los seguidores de Evo Morales (evistas), una división que permeó gran parte de la gestión.
Algunos parlamentarios expresaron que la gestión de la ALP fue un fracaso, atribuyéndolo a la desunión dentro del partido mayoritario y a presuntas irregularidades gubernamentales. Otros señalaron que la improvisación y el desorden predominaron, especialmente a partir del segundo año, cuando las fricciones políticas se intensificaron, llevando al desplazamiento de ciertas facciones de comités y directivas. Se lamentó que esta fragmentación interna impidió la concreción de proyectos de gran envergadura en beneficio de la población, atribuyendo la falta de aprobación de planes a la oposición y a la propia ala evista.
Más allá de los salarios y aguinaldos, los legisladores y sus suplentes contaron con una serie de beneficios adicionales. Estos incluían pasajes aéreos de ida y vuelta entre Cochabamba y La Paz (considerando las tres semanas mensuales de trabajo en la sede de gobierno para los titulares y una para los suplentes), viáticos, seguro médico, laptops, tablets y teléfonos celulares.
La percepción de los salarios variaba entre los legisladores. Algunos indicaron que, si bien el monto bruto rondaba los 23.000 bolivianos, los descuentos legales lo reducían a menos de 20.000, llegando a percibirse alrededor de 20.000 líquidos con los incrementos. Los viáticos, por su parte, dependían de los viajes en comisión, tanto nacionales como internacionales. Se mencionaron montos de hasta 500 bolivianos diarios para cubrir gastos de hotel y alimentación en viajes internos, aunque algunos parlamentarios de la facción evista denunciaron que estos recursos no se les asignaban equitativamente, recibiéndolos solo en ocasiones específicas como las fiestas patrias. La dotación de equipos tecnológicos incluía laptops y tablets que debían ser devueltas al finalizar la gestión, mientras que los teléfonos celulares, asociados a paquetes de una empresa estatal, quedaban en posesión de los parlamentarios.
La realidad económica para muchos legisladores iba más allá de la cifra salarial bruta. Algunos detallaron que, tras los descuentos de ley, el monto neto se veía aún más reducido por obligaciones sindicales y aportes monetarios a las organizaciones a las que pertenecían y representaban, como federaciones de transporte y el propio partido. A esto se sumaban gastos personales significativos, como el apadrinamiento de eventos en colegios e instituciones, y contribuciones obligatorias en especie o monetarias durante movilizaciones políticas. En ocasiones, la suma de estas obligaciones podía dejar un ingreso final considerablemente menor, e incluso nulo, especialmente en épocas de festividades donde se esperaba su contribución para regalos o aguinaldos.
Los gastos de fiscalización y los viajes fuera de La Paz, tanto a nivel nacional como internacional, a menudo corrían por cuenta propia de los legisladores, incluyendo los pasajes y manutención de sus equipos de apoyo. Algunos mencionaron haber cubierto honorarios de abogados para procesos en su contra. La obtención de viáticos para estas actividades era un proceso complejo y se concretaba en contadas ocasiones. La labor legislativa, según algunos, no estuvo exenta de sacrificios personales y económicos, lejos de los privilegios que a veces se les atribuyen. Se destacó un modelo de redistribución de recursos, donde parte del salario se destinaba a cubrir necesidades comunitarias, como la provisión de materiales de construcción, equipos deportivos o víveres para ferias. Esta práctica, según ellos, era una forma de retribuir a sus bases, desmintiendo la idea de que los parlamentarios se enriquecían con sus ingresos.
A pesar de las dificultades y las críticas, muchos legisladores defendieron su gestión, enfatizando el trabajo de debate constante y la defensa de sus posturas. Algunos concluyeron su periodo con la satisfacción de haber cumplido su rol, especialmente aquellos que afirmaron no estar involucrados en casos de corrupción.
Con la nueva legislatura que se inicia este 8 de noviembre para el periodo 2025-2030, se mantiene la misma cantidad de 175 escaños a nivel nacional. En Cochabamba, los 24 asientos parlamentarios serán ocupados por nuevas autoridades, aunque algunos legisladores lograron reelegirse. Cada nuevo parlamentario iniciará su gestión con una remuneración mensual que se estima en alrededor de 23.000 bolivianos
