En el seno de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) se ha desatado una controversia en torno a la ejecución de un proyecto financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la región del Chaco. Mientras Vicente Ferreira, quien se presenta como presidente nacional de la APG, minimiza las denuncias de irregularidades, calificándolas como intentos de protagonismo, y defiende la gestión del proyecto como beneficiosa para las comunidades guaraníes, otros líderes indígenas cuestionan severamente el desarrollo y la transparencia del mismo.
El proyecto GEF Chaco, concebido para impactar positivamente en comunidades guaraníes de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, se encuentra en el centro de la polémica. Dirigentes de Tarija han manifestado públicamente que los beneficios del proyecto no han llegado a sus territorios, generando interrogantes sobre la distribución y el alcance real de la iniciativa.
Modesta Santiesteban, quien se identifica como la legítima presidenta nacional de la APG, ha alzado su voz para denunciar la situación. En sus declaraciones, Santiesteban afirma ser la representante vigente del pueblo indígena, contradiciendo la postura de Ferreira. Según su relato, ella participó en la firma inicial del proyecto en Argentina y posteriormente en La Paz, pero tras una división interna en la APG, fue apartada de la dirección y desconoce el manejo posterior de los fondos.
Santiesteban sugiere que Vicente Ferreira y otros dirigentes podrían haber incurrido en un uso indebido de los recursos del proyecto. Reconoce que algunas comunidades recibieron apoyo, pero insiste en que no se cubrieron todas las áreas planificadas. La líder indígena enfatiza que el proyecto estaba destinado a familias guaraníes en los tres departamentos mencionados y que su gestión inicial contó con la participación del Consejo Continental de la Nación Guaraní y otros representantes.
Ante la falta de resultados tangibles en Tarija y las acusaciones de gestión irregular, Santiesteban ha solicitado públicamente una auditoría exhaustiva del proyecto. Niega tener intereses personales en la nación guaraní y denuncia que Ferreira estaría solicitando dinero a las comunidades.
La disputa por la representación legal de la APG añade complejidad al panorama. Modesta Santiesteban asegura contar con el respaldo de 20 capitanías del pueblo guaraní y afirma haber sido reelegida como presidenta nacional en marzo del año anterior, en un contexto de incidentes y disputas con Vicente Ferreira. Santiesteban desconoce la legitimidad de Ferreira como presidente y reconoce la existencia de una división interna en la dirigencia guaraní, tanto a nivel nacional como departamental. Además, menciona una resolución judicial que la reconocería como dirigente legítima de la APG.
Javier Cruz, representante del Consejo Continental de la Nación Guaraní, respalda las denuncias sobre la deficiente ejecución del proyecto. Critica la contratación de un coordinador por parte de ministerios nacionales, supuestamente sin la participación ni el conocimiento de la APG, y con la complicidad de la FAO. Cruz detalla demoras y problemas en la contratación del coordinador, así como la falta de avances en aspectos clave del proyecto, como el alquiler de infraestructura, estudios hídricos y la recuperación de semillas nativas en las zonas previstas de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.
Cruz subraya que el proyecto piloto tenía como objetivo beneficiar a miles de hombres y mujeres guaraníes en 2.000 hectáreas de territorio, pero hasta el momento no se han reportado avances significativos. También cuestiona la contratación de consultorías, que deberían haber priorizado a profesionales del pueblo guaraní y de las regiones involucradas. Según Cruz, el Viceministerio de Coordinación habría deslegitimado a los dirigentes que reclaman por la ejecución del proyecto, llegando incluso a reconocer capitanías y dirigentes guaraníes no reconocidos por la propia organización indígena.
Finalmente, Javier Cruz expresa su preocupación por el futuro de una segunda fase del proyecto, que contemplaba una inversión de 34 millones de dólares adicionales, advirtiendo que la actual situación podría poner en riesgo la llegada de estos fondos y perjudicar significativamente a la nación guaraní
