La firma de un contrato destinado a la adquisición de luminarias LED en Tarija ha generado controversia dentro del ámbito municipal. Una concejal ha manifestado públicamente su preocupación ante lo que considera una irregularidad en el proceso de contratación. Según sus declaraciones, el Ejecutivo municipal habría suscrito dicho acuerdo sin contar con la aprobación previa del Concejo Municipal, un requisito que, a su juicio, es indispensable según la normativa vigente.

La concejal argumenta que, si bien el Concejo autorizó la gestión de un préstamo para financiar la compra de las luminarias, esta autorización dista mucho de ser una aprobación del contrato en sí mismo. En este sentido, recalca que la legislación aplicable en materia de contratación pública exige que los términos contractuales sean sometidos a la consideración y aprobación del cuerpo deliberativo antes de la firma por parte del Ejecutivo. La omisión de este paso procedimental es considerada por la concejal como una falta grave, especialmente dada la magnitud económica del contrato, que asciende a cerca de 60 millones de bolivianos, cifra que ascendería a 70 millones al sumar los intereses.

Otro punto de preocupación para la concejal es la aparente falta de especificación sobre la ubicación exacta de las nuevas luminarias. Según lo previsto, la instalación se realizaría en función de las solicitudes vecinales y la aceptación del sistema LED, lo que, a su entender, carece de una planificación integral y definida.

El contrato en cuestión ya ha sido remitido al Concejo Municipal, donde ha sido derivado a la Comisión Económica para su análisis preliminar, antes de ser debatido en el pleno del Concejo. La concejal ha anticipado que planteará sus objeciones formalmente durante la discusión en el pleno, insistiendo en que la Comisión Económica debería abordar este asunto con la debida atención a los procedimientos legales.

La concejala también lamentó la aparente falta de asesoramiento adecuado al Ejecutivo en materia legal y administrativa, insistiendo en la importancia de que el Ejecutivo se ajuste estrictamente a las normativas municipales para garantizar la legalidad y transparencia de todos los procedimientos.

Un punto adicional de controversia surgió en torno a la tasa de interés del préstamo. Según la concejal, el Documento Base de Contrataciones (DBC) reflejaría un 7%, mientras que desde el Ejecutivo se habría informado de un 6%. Esta discrepancia fue atribuida por fuentes del Ejecutivo a un error de transcripción, aunque la concejal mantiene sus dudas al respecto.

Finalmente, la concejala expresó su preocupación por la ausencia de un cronograma de desembolsos definido para el contrato, lo que, en su opinión, podría implicar pagos anticipados por las luminarias incluso antes de su instalación