En la región de Tarija, la administración gubernamental se encuentra en un proceso de reestructuración salarial con el objetivo principal de generar un ahorro sustancial en las finanzas públicas. La iniciativa, actualmente bajo análisis en la Asamblea Legislativa Departamental, busca implementar una nueva escala de remuneraciones para los funcionarios de la Gobernación y la propia Asamblea. Se estima que la aplicación de esta medida podría liberar alrededor de 37 millones de bolivianos anuales, fondos que se redirigirían hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo regional.

La propuesta, ya formalmente presentada por el Ejecutivo departamental, ha sido remitida a las comisiones legislativas correspondientes para su estudio técnico y económico. Se ha establecido un plazo inicial para la presentación de los informes pertinentes, fijado para el 1 de abril, tras lo cual se prevé que el proyecto sea sometido a debate en el pleno de la Asamblea.

Existe un consenso inicial entre los diferentes bloques políticos representados en la legislatura departamental para abordar con celeridad este asunto. La coyuntura económica actual, marcada por limitaciones presupuestarias que afectan tanto al funcionamiento de la Gobernación como a la prestación de servicios esenciales, ha motivado la búsqueda de mecanismos para optimizar el uso de los recursos públicos.

Diversos sectores sociales han manifestado su postura ante esta iniciativa. Representantes de las comunidades campesinas han expresado su respaldo al plan de ajuste salarial, instando a los asambleístas a aprobar la normativa en el menor tiempo posible. Este apoyo se fundamenta en la necesidad de evitar posibles tensiones sociales derivadas de la situación económica.

Por otro lado, desde las organizaciones vecinales de la capital departamental se ha emitido un llamado a la acción. Dirigentes vecinales han advertido sobre la posibilidad de movilizaciones y protestas si se produjeran demoras en el tratamiento y aprobación del proyecto de ley.

La propuesta salarial contempla una reducción en las remuneraciones de los altos cargos de la administración departamental. Entre los salarios planteados se encuentran 7.000 bolivianos para el gobernador, 6.800 para el vicegobernador, 6.700 para los asambleístas, 6.600 para los secretarios departamentales, 6.500 para los subgobernadores, y escalas descendentes para otros cargos directivos y de responsabilidad dentro de la estructura gubernamental.

La administración departamental justifica esta medida como una respuesta necesaria ante las actuales restricciones financieras, y enfatiza que los recursos economizados serán destinados a fortalecer programas sociales y proyectos productivos tanto en la capital como en el resto de los municipios de Tarija