Un violento altercado se registró entre comerciantes y funcionarios del Viceministerio de Defensa del Consumidor durante una operación de control en un mercado local. El incidente ocurrió cuando los trabajadores del viceministerio, junto a representantes del Servicio Departamental de Salud (Sedes), intentaban hacer cumplir la normativa que prohíbe la venta de medicamentos en tiendas y supermercados, permitiendo su comercialización únicamente en farmacias.

Silvia Palacios, responsable del Viceministerio, explicó que la intervención tenía como objetivo garantizar que los productos farmacéuticos se vendieran en condiciones adecuadas, ya que muchos de los comercios no cuentan con la formación necesaria para manejar este tipo de productos. Durante la fiscalización, se encontraron diversas medicinas, incluyendo Eno y Digestán, que estaban siendo ofrecidas de manera ilegal. A pesar de las agresiones verbales que sufrieron, Palacios aseguró que se procederá con sanciones contra los comerciantes infractores.

La funcionaria también mencionó que solicitaron la presencia de la policía para respaldar su labor, pero no recibieron el apoyo esperado. A lo largo de la intervención, algunos vendedores expresaron su descontento, llegando incluso a acusar a los funcionarios de robar productos decomisados.

En un contexto diferente, las comunidades de la Reserva de Tariquía han declarado estado de emergencia ante la amenaza de actividades petroleras en su territorio. Los habitantes de la zona, liderados por Paola Gareca y Aurora Ríos, han emitido un comunicado reafirmando su determinación de proteger su hogar y sus recursos naturales frente a lo que consideran una invasión por parte de las empresas petroleras.

El documento destaca la preocupación por los proyectos hidrocarburíferos que afectan al 50% de la reserva y advierte sobre el riesgo que esto representa para la estabilidad del área protegida. Las líderes comunitarias han criticado la indiferencia del gobierno y las empresas ante las decisiones tomadas por las comunidades hace años, y han manifestado su intención de tomar medidas de presión si la situación no mejora.

Además, exigen que el estado cumpla con sus compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, y que se retiren las acciones legales contra defensores ambientales locales. Las comunidades de Chiquiacá han reiterado su oposición a las actividades petroleras y han instado al respeto de sus decisiones, enfatizando que la actual crisis de combustibles no debe ser utilizada como pretexto para continuar con políticas que amenazan sus territorios y el medio ambiente