La reciente promulgación de la Ley 1720 ha reavivado el debate sobre la propiedad de la tierra en Bolivia, incorporando un nuevo elemento: el acceso al crédito. A tan solo una semana de su entrada en vigor, el Gobierno ha decidido defender con firmeza esta normativa frente a las críticas que ha suscitado, enfocándose en un discurso que combina argumentos políticos y técnicos.

Durante un acto conmemorativo en Tarija, donde se celebró la gesta libertaria de 1817, el presidente Rodrigo Paz Pereira utilizó un mensaje contundente para abordar las inquietudes que han surgido desde distintos sectores sociales. “No se puede ni se debe engañar a la gente”, afirmó el mandatario, quien advirtió sobre la manipulación de información por parte de algunos grupos que están movilizando a la población con lo que considera falsos discursos. Según Paz Pereira, la ley no tiene como objetivo perjudicar la propiedad comunitaria, y su interpretación ha sido distorsionada por detractores.

Las críticas provienen principalmente de organizaciones sociales que han manifestado su oposición a la ley y han solicitado su reversión. Uno de los puntos más controvertidos es la falta de consulta previa antes de su promulgación y las inquietudes acerca de sus posibles repercusiones en los derechos de propiedad sobre la tierra. A pesar de que actualmente hay movilizaciones en Pando, estas todavía son limitadas y no han alcanzado la magnitud de conflictos agrarios anteriores. Sin embargo, el Gobierno ha decidido no subestimar este descontento y ha optado por una estrategia proactiva para aclarar los términos de la ley.

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, ha anunciado el despliegue de una comisión técnica destinada a llevar a cabo explicaciones directas sobre la ley en distintas comunidades. En sus declaraciones, Justiniano enfatizó la importancia del diálogo y del entendimiento mutuo: “Resulta imperativo conversar”, expresó. Esta comisión está compuesta por viceministros, expertos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y especialistas en desarrollo rural, quienes tienen como misión despejar dudas y abrir canales comunicativos.

El enfoque del Gobierno no se limita únicamente a cuestiones formales; también aborda aspectos económicos fundamentales. Justiniano destacó una problemática histórica: los pequeños productores pueden vender sus tierras pero enfrentan serias dificultades para acceder a financiamiento bancario. Puso ejemplos concretos para ilustrar esta situación: agricultores dedicados a cultivos como hortalizas o cítricos dependen del crédito ofrecido por mayoristas; viticultores optan por financiarse a través de bodegas; mientras que pequeños criadores carecen de garantías para utilizar su tierra como colateral ante bancos. El propio ministro compartió su experiencia personal como pequeño productor con cuatro hectáreas, subrayando las dificultades que enfrenta para acceder al crédito.

La Ley 1720 busca cambiar esta dinámica permitiendo que los propietarios soliciten al INRA convertir sus pequeñas propiedades en medianas mediante una declaración jurada sin costo alguno. Este proceso debe resolverse en un plazo máximo de diez días hábiles. Justiniano enfatizó que esta conversión es voluntaria y no impone ninguna obligación al propietario.

Un dato relevante presentado por el ministro es que el 95% de las transferencias de tierras registradas recientemente corresponden a pequeñas propiedades. Esto lleva a Justiniano a cuestionar las afirmaciones sobre una posible pérdida de tierras por parte de los pequeños productores.

Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos es el control posterior a la conversión: las propiedades reconvertidas estarán sujetas a verificación por parte de la Función Económica Social (FES) diez años después del cambio. Este punto ha generado preocupación entre algunos sectores, quienes temen que pueda haber repercusiones negativas en el futuro.

El Gobierno ha dejado abierta la posibilidad para que los sectores sociales participen en el proceso reglamentario relacionado con esta ley, que deberá ser desarrollado dentro del plazo estipulado de 60 días. De este modo, se plantea un debate dual: uno económico centrado en el acceso al crédito y aumento productivo; otro político marcado por las sensibilidades históricas sobre la tierra.

En este contexto complejo, el Ejecutivo apuesta por una explicación técnica clara para desactivar las inquietudes existentes. Sin embargo, la experiencia histórica boliviana indica que cuando se trata del tema agrario y territorial, las cifras pueden no ser suficientes para calmar tensiones profundas.