El gobernador Oscar Montes ha emitido un claro y contundente mensaje respecto a la situación financiera que atraviesa la gobernación de Tarija, subrayando que no se destinará ni un solo centavo de los recursos del departamento para cubrir gastos del Legislativo. Esta declaración surge en medio de una crisis presupuestaria que afecta a la administración departamental y pone en evidencia las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras frente a un flujo de ingresos significativamente menor al esperado.

La gobernación había anticipado recibir alrededor de 24 millones de bolivianos provenientes de regalías, monto considerado mínimo para hacer frente a sus compromisos. Sin embargo, el ingreso efectivo fue apenas de 17.8 millones, lo que representa una brecha considerable que complica la gestión económica. De este total, más de la mitad está destinada a saldar pasivos previos, incluyendo una deuda con entidades financieras como el banco y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). A estas obligaciones se suma una sentencia judicial que implica un desembolso adicional de 3.5 millones, lo que reduce aún más el margen disponible para gastos operativos.

El gobernador Montes detalló que, tras cubrir estas cargas financieras, quedan aproximadamente cuatro millones de bolivianos disponibles, mientras que solo para el pago de sueldos se requieren al menos ocho millones. Esta situación genera un déficit cercano a los tres millones solo en concepto salarial, lo que evidencia la gravedad del escenario presupuestario y plantea la necesidad urgente de adoptar medidas austeras.

En respuesta a esta coyuntura, Montes sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Damián Castillo, a quien pidió implementar un ajuste riguroso en el manejo financiero del Legislativo. La recomendación fue clara: los asambleístas deben “ajustarse los cinturones” para contribuir a mitigar la crisis económica que atraviesa la gobernación. No obstante, reconoció la dificultad política y social que implica solicitar una reducción en los salarios actuales, los cuales ascienden a aproximadamente 11 mil 500 bolivianos mensuales y no han sido modificados en los últimos cinco años.

Además del ajuste interno en el Legislativo, Montes anunció dos líneas estratégicas para enfrentar el déficit estructural. La primera consiste en gestionar ante el gobierno central la reprogramación de las deudas vigentes, especialmente con el FNDR, al cual se le adeuda cerca de 500 millones de bolivianos. Esta deuda significativa proviene principalmente de compromisos adquiridos durante la administración anterior encabezada por Adrián Oliva. La segunda línea apunta a mejorar los ingresos por regalías mediante un trato preferencial hacia Tarija. En este punto se enfatiza la necesidad de modificar las políticas actuales relacionadas con la distribución del gas natural; dado que gran parte del gas destinado al mercado interno no genera regalías para el departamento como sí ocurre con las exportaciones.

Paralelamente, Montes hizo hincapié en la responsabilidad del Legislativo departamental para revisar y ajustar el marco normativo vigente. Actualmente existen alrededor de 90 leyes que imponen obligaciones financieras al gobierno departamental; muchas de ellas resultan inviables bajo las condiciones económicas actuales y demandan ser reguladas, modificadas o incluso anuladas para aliviar la presión fiscal sobre la gobernación. Este llamado apunta a una reforma integral que permita redefinir el gasto público acorde con las capacidades reales del departamento.

En cuanto al contacto con instancias nacionales para buscar soluciones inmediatas, Montes explicó que no ha realizado gestiones recientes debido al inminente final de su mandato dentro de dos meses. Indicó también que intentó sin éxito negociar con gobiernos anteriores del Movimiento al Socialismo (MAS) para aliviar la situación financiera.

El gobernador destacó además otros compromisos económicos importantes que afectan las finanzas departamentales en este año, como pagos superiores al millón de bolivianos relacionados con el interconectado eléctrico y obligaciones pendientes por proyectos como San Jacinto —una deuda histórica condonada parcialmente por Italia pero aún vigente en ciertos aspectos— cuya gestión quedará pendiente para su sucesor.

Finalmente, Montes reiteró su postura firme respecto a no contraer nuevas obligaciones financieras tras haberse endeudado previamente para saldar adeudos con Ende (Empresa Nacional de Electricidad). La prioridad actual está puesta en financiar obras esenciales como mantenimiento vial y perforación de pozos mediante recursos propios y ajustes presupuestarios estrictos. En este contexto crítico dejó claro que ni siquiera existirán fondos disponibles para gastos menores del Legislativo; ejemplificó esta realidad señalando que recientemente tuvo que cubrir personalmente costos tan básicos como fotocopias.

Este escenario refleja una situación financiera compleja y restrictiva para Tarija donde las limitaciones presupuestarias obligan a repensar tanto las políticas internas como las relaciones con instancias nacionales sobre distribución y uso eficiente de recursos naturales estratégicos. La exhortación a austeridad dirigida al Legislativo simboliza un llamado urgente a asumir responsabilidades compartidas frente al desafío económico actual y sentar bases más sostenibles para la gestión pública departamental futura