El expresidente boliviano Evo Morales ha declarado que el actual jefe de Estado argentino, Javier Milei, supuestamente solicitó al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, tomar medidas para deshacerse de él, argumentando que representa un peligro para la soberanía y dignidad de América Latina. Morales sugirió que esta petición forma parte de un acuerdo dirigido a atentar contra su vida.
El exmandatario boliviano también rememoró un incidente de 2019, señalando que Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de Argentina bajo la administración de Mauricio Macri, autorizó el envío de armamento y municiones a Bolivia. Este material bélico, según Morales, fue utilizado durante el gobierno interino de Jeanine Áñez para reprimir a ciudadanos bolivianos en las masacres de Sacaba y Senkata. En estos eventos, ocurridos durante la crisis política de 2019, una veintena de civiles perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La renuncia de Morales a la presidencia en 2019 se produjo en un contexto de denuncias de un golpe de Estado en su contra y de intensas protestas sociales, motivadas por acusaciones de fraude electoral en los comicios de ese año, donde buscaba un cuarto mandato consecutivo.
La investidura de Rodrigo Paz, programada para el 8 de noviembre en La Paz, contará con la presencia de Javier Milei, entre otros líderes internacionales. Este evento marcará el fin de casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y se desarrollará en un escenario económico desafiante para Bolivia, caracterizado por la escasez de combustibles y divisas.
Recientemente, el presidente electo Paz realizó un viaje a Estados Unidos, donde mantuvo encuentros con funcionarios de alto nivel de la administración de Donald Trump y con directivos de organismos multilaterales, buscando soluciones para la crisis económica de Bolivia. Durante esta visita, Paz también delineó un cambio en la política exterior boliviana, distanciándose de naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela, tradicionalmente aliadas. La ausencia de invitaciones a estos países para su toma de posesión resultó en la suspensión de Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Mientras tanto, Evo Morales ha permanecido durante el último año en el Trópico de Cochabamba, su principal base de apoyo político y sindical. Se encuentra bajo la protección de cientos de sus seguidores, una medida para eludir la ejecución de una orden de captura relacionada con un caso de presunta trata de personas agravada. El 21 de octubre, la Fiscalía de Tarija formalizó una acusación contra el expresidente, vinculándolo a una presunta relación con una menor de edad en 2016, durante su mandato, y la supuesta paternidad de un hijo con ella. Respecto a estas acusaciones, Rodrigo Paz ha manifestado en diversas ocasiones su compromiso de asegurar el cumplimiento de la ley y las resoluciones judiciales en los procesos que afectan al expresidente.
Recientemente, Morales conmemoró el primer aniversario de un presunto ataque a tiros que sufrió mientras se dirigía a su programa radial en Kawsachun Coca. Atribuyó la responsabilidad de este incidente al gobierno de Luis Arce, señalando la ausencia de una investigación oficial hasta la fecha. En contraste, el ejecutivo de Arce en aquel momento acusó a Morales de disparar contra agentes policiales durante un operativo antidroga de rutina. Además, denunció que los seguidores de Morales incendiaron dos vehículos policiales tras sustraerlos de una unidad militar
