Una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha revelado la existencia de un presunto plan destinado a removerla de su cargo como titular por el departamento de Tarija, generando una considerable inquietud en el ámbito judicial. La decana del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez, afirmó que esta supuesta estrategia se habría gestado durante una reunión celebrada el 14 de abril en Tarija. En dicho encuentro habrían participado el magistrado suplente Grover Mita, el exministro César Siles, el procurador del Estado Ricardo Condori Tola y un suplente del Consejo de la Magistratura por La Paz.
La autoridad judicial sostiene poseer una grabación que, según sus declaraciones, es crucial para su denuncia. El contenido de este material sonoro supuestamente revela que un colaborador del magistrado Mita habría expresado el objetivo de desplazar a la magistrada Ruiz para que su colega asuma el cargo. Esta evidencia, de confirmarse, podría aportar un elemento significativo a la acusación.
La magistrada Ruiz ha manifestado su intención de recopilar todos los elementos probatorios necesarios antes de presentar formalmente una denuncia ante el Ministerio Público en calidad de víctima. Anunció que emprenderá todas las acciones legales pertinentes, señalando que la Fiscalía ya tiene conocimiento de la situación y que será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades.
Al abordar las posibles motivaciones detrás de este intento de destitución, la magistrada sugirió que el interés principal no sería de índole económica, sino política. Explicó que los magistrados recientemente electos, incluida ella misma, han impulsado una postura de independencia en el TSJ. La decana enfatizó que su propósito es actuar con autonomía para garantizar una administración de justicia que brinde seguridad jurídica a la ciudadanía, insinuando que esta postura podría ser la razón subyacente del presunto complot.
La denuncia de la magistrada Ruiz presenta similitudes notables con un caso en curso en La Paz, conocido como el caso consorcio, el cual ya ha activado una investigación sobre una presunta red de operadores judiciales. En el contexto de este caso paceño, se habría intentado remover a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira, con el objetivo de favorecer a su suplente, Iván Campero.
La investigación en La Paz fue iniciada por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura y es conducida por la Fiscalía Departamental bajo reserva. Entre los implicados en este caso figuran el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova; la exvocal de Sala Penal, Claudia Castro; el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza; y, de manera relevante, el exministro de Justicia, César Siles, quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión por su presunta participación en esa maniobra.
Los delitos imputados en el caso consorcio incluyen consorcio, tráfico de influencias y falsificación de documentos, con varios de los acusados bajo detención preventiva o arresto domiciliario. La mención del exministro César Siles en ambas denuncias sugiere un patrón de conducta y una posible conexión entre los eventos de La Paz y Tarija, lo que intensifica la seriedad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva.
Rosmery Ruiz Martínez fue elegida magistrada titular de Tarija en las elecciones judiciales del 15 de diciembre, obteniendo un respaldo significativo de 110.606 votos, que representaron el 55,19% del total. Su suplente, Samuel Mita Aquino, recibió 64.252 votos (33,51%) en una jornada democrática que registró una participación del 78,72% en el departamento de Tarija. Este contexto de elección popular confiere a la denuncia de la magistrada un peso particular, ya que implicaría un intento de desvirtuar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La situación actual subraya las persistentes tensiones en el Órgano Judicial boliviano, donde las acusaciones de injerencia política y las disputas por el poder continúan representando un desafío para la independencia y la seguridad jurídica del país
