El Concejo Municipal de San Lorenzo ha instituido una medida trascendental para la conservación del patrimonio natural de Tarija, al promulgar una normativa clave que designa al Cañón del Pilaya como Área Protegida Municipal. Esta acción, de gran relevancia para el norte del departamento, establece una doble categoría de protección: reserva ecoturística y monumento natural, abarcando una extensión de 22.021,93 hectáreas. El propósito fundamental de esta iniciativa es salvaguardar uno de los paisajes más impresionantes y ecológicamente diversos de la región, a la vez que se impulsa el desarrollo sostenible de las comunidades locales.
La nueva legislación delimita esta vasta extensión dentro de la jurisdicción del municipio de San Lorenzo, en la porción septentrional de Tarija. Los objetivos centrales de esta declaración son multifacéticos: proteger la riqueza biológica y las formaciones geográficas únicas del cañón, fomentar el ecoturismo de manera sostenible como un motor económico y fortalecer el progreso económico de las comunidades a través de la conservación.
La justificación ecológica de esta protección es contundente. El Cañón del Pilaya es reconocido como una de las gargantas naturales más profundas del mundo, con desniveles que superan los 3.000 metros. En su interior, alberga una asombrosa variedad de ecosistemas, que van desde el páramo altoandino hasta el bosque chaqueño serrano. Estos hábitats son cruciales para la supervivencia de especies en peligro de extinción, como el oso andino, el cóndor andino y la paraba frente roja. Más allá de su riqueza faunística y vegetal, el cañón desempeña una función vital en el ciclo hídrico y actúa como un corredor biológico entre las ecorregiones andina y chaqueña. Su cuenca, formada por el río Camblaya que confluye en el Pilcomayo, es esencial para sistemas hídricos de gran alcance, extendiéndose incluso hasta el Bañado La Estrella en Argentina, lo que subraya su importancia a nivel regional.
La promulgación de esta ley se sustenta en una sólida base jurídica, que incluye principios constitucionales sobre el medio ambiente y la autonomía municipal, así como legislaciones específicas como la Ley de la Madre Tierra y la Ley de Medio Ambiente. Además, se apoya en convenios internacionales sobre diversidad biológica, lo que otorga a los municipios la facultad de administrar y asegurar la preservación de estas áreas. Para proteger eficazmente el cañón, la normativa establece prohibiciones claras y estrictas, tales como la caza ilegal, la deforestación, la explotación de recursos no renovables, incluyendo la minería, la introducción de especies foráneas y cualquier actividad que pueda alterar el equilibrio ecológico del lugar.
Un pilar fundamental de esta nueva ley es su modelo de administración colaborativa. Se contempla la participación activa de las comunidades locales en la cogestión del área junto con el gobierno municipal. Se implementará un plan de manejo con una vigencia de cinco años y se creará una instancia de control social integrada por las propias comunidades, instituciones y organizaciones civiles, garantizando así la transparencia y la implicación directa de los beneficiarios. Este proceso participativo ha contado con el acompañamiento técnico-legal de una organización especializada y ha sido socializado y aprobado por las diez comunidades involucradas, respaldado por actas de reunión firmadas durante el año en curso. La presencia de especies clave ha sido documentada mediante el uso de cámaras trampa y diagnósticos ecológicos detallados.
Las proyecciones para el Cañón del Pilaya son prometedoras. Se anticipa un significativo impulso al ecoturismo comunitario, con el desarrollo de senderos para caminatas, puntos de avistamiento de fauna, rutas para cicloturismo y opciones de turismo de bienestar aprovechando sus aguas termales. Adicionalmente, se busca fomentar el desarrollo sostenible a través de la producción local de bienes como quesos de cabra, frutas y verduras, generando beneficios directos y tangibles para las comunidades residentes
