La Planta Procesadora de Cítricos de Bermejo, una infraestructura clave para el desarrollo regional, permanece inactiva desde hace una década, a pesar de una inversión significativa de 76 millones de bolivianos entre su construcción en 2012 y su equipamiento en 2015. Su puesta en marcha ha sido obstaculizada por diversos factores, incluyendo la insuficiencia de materia prima para su capacidad operativa y la necesidad de capital adicional para su completa funcionalidad, sumado a la carencia de servicios básicos esenciales como agua, luz y electricidad en sus instalaciones.
En este contexto de paralización, la empresa privada Ultreia ha presentado una propuesta para reactivar la factoría mediante una alianza público-privada, comprometiendo una inversión de 1.5 millones de bolivianos. Según sus representantes, este capital permitiría transformar la planta en un centro productivo de jugo, aceite esencial y pectina. No obstante, reconocen los desafíos inherentes a esta tarea, que incluyen el mantenimiento integral de toda la maquinaria y la instalación de los servicios fundamentales. La firma ha mantenido reuniones con productores y autoridades locales, ofreciendo un 20% de participación en las utilidades y asegurando que el 95% del personal contratado provendrá de Bermejo, priorizando a profesionales y técnicos de la zona.
Sin embargo, esta iniciativa no ha logrado un consenso total entre las autoridades municipales y los líderes agrarios de Bermejo. Existe una fuerte corriente que aboga por una administración local de la planta, ya sea por parte de los propios productores o directamente por el Gobierno Municipal, con el fin de asegurar que los beneficios económicos generados permanezcan íntegramente en el municipio fronterizo.
María Ninaja, ejecutiva de la Federación de Trabajadores Campesinos de Bermejo, ha confirmado las conversaciones con la empresa y las autoridades, aunque enfatizó que la decisión final recaerá en las bases del sector. Por su parte, Juan Tastaca, otro representante campesino, ha manifestado una clara preferencia por la gestión municipal, argumentando que la administración pública garantizaría que las ganancias se reinviertan en Bermejo, a diferencia de un modelo privado donde los rendimientos podrían salir de la región. Actualmente, las organizaciones campesinas y los productores de cítricos esperan un diagnóstico técnico detallado sobre el estado actual de la factoría antes de definir su postura.
Históricamente, la planta ha sido objeto de múltiples intentos fallidos de reactivación. Un exdirigente campesino, Hugo Hoyos, rememoró compromisos previos de autoridades que no se materializaron, así como gestiones con empresarios de Argentina, Paraguay y otras regiones del país que no prosperaron. Incluso se presentó un proyecto al Gobierno Nacional, el cual fue devuelto con observaciones, dejando el futuro de la planta en suspenso.
El alcalde de Bermejo, Irineo Flores, ha expresado su firme oposición a la administración privada de la planta. Su preocupación principal radica en la distribución de las utilidades, temiendo que una empresa privada solo pague por la materia prima y se lleve el resto de los beneficios fuera del municipio. El burgomaestre ha manifestado la intención del Gobierno Municipal de asumir la gestión de la planta con el respaldo del Gobierno Nacional, lo que considera un trato más ventajoso para la comunidad. Ha indicado haber dialogado con el presidente, quien habría mostrado predisposición, siempre y cuando se realicen los ajustes técnicos necesarios y se tenga un conocimiento preciso del estado de la factoría.
El alcalde ha subrayado la falta de un documento oficial que detalle las condiciones actuales de la planta, lo que falta por instalar, las razones de su inoperatividad y la disponibilidad de personal capacitado. Flores también ha manifestado su temor de que la planta corra la misma suerte que el Ingenio Azucarero local, cuya privatización y posterior reparto de acciones a los trabajadores resultó en un fracaso. Atribuye la inacción municipal previa a intereses personales que han obstaculizado grandes proyectos en Bermejo, y ha criticado a la Gobernación por no haber transferido la planta al municipio en condiciones operativas. Insiste en la necesidad de un acuerdo claro que establezca las atribuciones de cada nivel de gobierno o del sector privado en una eventual transferencia
