La viabilidad de la candidatura de Jaime Dunn, precandidato presidencial por la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP), se definirá este martes, cuando la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) evalúe si cumple con el requisito de solvencia fiscal. El gobierno municipal de El Alto ha señalado que el exfuncionario acumula treinta y tres expedientes administrativos en curso, que incluyen pliegos de cargo con sentencia firme, requerimientos de pago y resoluciones desestimadas.
Un reporte enviado al Tribunal Electoral el lunes pasado por el Área Coactiva Fiscal y Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, suscrito por un trío de consejeros jurídicos y avalado por la máxima autoridad edil, Eva Copa, detalla que Dunn tiene catorce requerimientos de pago, catorce procesos con sentencia ejecutoriada y otros cinco con sentencias improbadas. Todos estos procedimientos se originan en su desempeño como Oficial Mayor de Finanzas entre los años 2000 y 2001, durante la gestión del entonces alcalde José Luis Paredes.
Representantes del gobierno municipal han aclarado que la vigencia de los requerimientos de pago persiste mientras los procesos no concluyan, y que las deudas se mantienen activas si los fondos adeudados no han sido efectivamente transferidos a las arcas municipales. Asimismo, se ha precisado que la administración edil no tiene la potestad de emitir certificados de solvencia fiscal, ya que esta atribución es exclusiva de la Contraloría General del Estado. Se enfatizó que los expedientes solo podrán cerrarse una vez que los juzgados transfieran los fondos al municipio y este los valide, situación que aún no se ha concretado.
La complejidad de la situación de Dunn se acentúa ante la ambigüedad respecto a la liquidación de sus obligaciones. La Contraloría General del Estado, por su parte, ha remitido dos certificaciones al ente electoral. Una de ellas confirma la persistencia de expedientes abiertos tanto en la propia Contraloría como en la municipalidad alteña. La segunda, calificada como aclaratoria, hace referencia a desembolsos realizados por el propio precandidato, aunque sin validar la completa cancelación de los montos adeudados.
Fernando Arteaga, secretario de Cámara del Tribunal Electoral, ha señalado que, en vista de las objeciones presentadas, la Sala Plena requirió datos adicionales a ambas instituciones para fundamentar su determinación. La Contraloría ya ha remitido la información solicitada, y se espera el análisis final que se llevará a cabo este martes.
Desde la vocería municipal, Beatriz Zegarrundo ha comunicado que, si bien una de las cuatro carpetas consideradas cruciales en los expedientes de Dunn ha sido ubicada, las tres restantes aún se encuentran en proceso de localización. Se ha indicado que el precandidato no presentó los descargos pertinentes, y que la administración municipal tiene la obligación de recuperar dichos fondos en beneficio de la ciudadanía alteña.
A la espera de la resolución del Tribunal Electoral sobre su habilitación, el señor Dunn ha dado inicio a su campaña proselitista, que incluye actividades académicas en dos universidades, visitas a medios de comunicación, una caravana en su natal Camiri y una gira que lo llevó este lunes hasta Tarija. El postulante ha sostenido reiteradamente su posición de no poseer obligaciones pendientes con el erario público, manifestando confianza en su participación en los comicios programados para el 17 de agosto.
En este contexto, el propio Jaime Dunn ha manifestado objeciones a la solicitud de información sobre sus pasivos por parte del Órgano Electoral a la Alcaldía de El Alto, argumentando que la actual alcaldesa, Eva Copa, es también una aspirante a la presidencia. En respuesta a estas declaraciones, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ha instado al precandidato a actuar con responsabilidad y transparencia respecto a su situación administrativa, afirmando que las acciones de su despacho se enmarcan estrictamente en el cumplimiento de la ley
