La normativa constitucional del país establece claramente que los asambleístas suplentes no deben percibir remuneración a menos que estén ejerciendo efectivamente sus funciones. Sin embargo, la realidad operativa ha desdibujado esta disposición.

El cuerpo legislativo nacional cuenta con 175 miembros principales, entre diputados y senadores. De este total, 24 escaños corresponden a la representación parlamentaria de Cochabamba. Un sistema de alternancia ha sido implementado, donde los legisladores titulares cumplen sus labores en la sede de gobierno durante tres semanas al mes, mientras que los suplentes asumen responsabilidades por una semana. Esta dinámica ha conllevado el pago de salarios mensuales a los suplentes, oscilando entre 7,000 y 8,000 bolivianos por individuo. A lo largo de la legislatura 2020-2025, esta erogación superó los 10.9 millones de bolivianos para el colectivo de más de veinte suplentes.

Juan Zurita Escalera, diputado por el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y presidente saliente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, explicó que no existe un sistema de registro de ingresos ni horarios fijos para los legisladores. Según el reglamento interno, los titulares deben estar en La Paz tres semanas al mes, mientras que los suplentes pasan tres semanas en sus circunscripciones o en la Brigada Parlamentaria antes de ser habilitados por una semana en la capital para participar en sesiones y comisiones. Este período en el que los titulares regresan a sus departamentos se conoce como semana regional.

Tanto los parlamentarios titulares como los suplentes coincidieron en que los desafíos políticos y las divisiones internas del partido gobernante impactaron negativamente el desempeño de sus labores legislativas y de fiscalización. Observaciones recientes en la Brigada Parlamentaria de Cochabamba revelaron una escasa presencia de legisladores, una situación que un miembro describió como habitual hacia el final de la gestión, con la asistencia a menudo limitada a eventos de prensa.

En términos financieros, los 24 legisladores principales salientes de Cochabamba, incluyendo senadores, diputados y el representante supraestatal, representaron un costo para el Estado superior a los 34.3 millones de bolivianos en salarios y aguinaldos durante su mandato. Mensualmente, la nómina de estos 24 titulares ascendió a 528,000 bolivianos, sumando más de 6.8 millones anualmente, sin incluir aguinaldos. Es importante destacar que estas cifras no abarcan gastos adicionales como los seis pasajes aéreos mensuales de ida y vuelta a La Paz, viáticos o la provisión de equipos.

Para los suplentes, un salario promedio de 7,000 bolivianos por persona implicó un gasto mensual de 168,000 bolivianos, totalizando casi 2.2 millones anualmente, incluyendo aguinaldos, y alcanzando los 10.9 millones en el quinquenio. Además de los emolumentos, se les proporcionaron laptops, tablets y celulares, así como un pasaje aéreo mensual de ida y vuelta para sus sesiones en la capital.

El diputado Zurita lamentó las limitaciones de la función de suplente, señalando la dificultad para impulsar leyes propias y la falta de acceso a plataformas para atender a la población e informar sobre la legislación. Reconoció que la labor general de los parlamentarios cochabambinos fue escasa, mencionando que sus diez propuestas legislativas, incluyendo temas de avasallamientos y saneamiento de tierras, no prosperaron. En cuanto a la fiscalización, citó solicitudes de informes sobre la Doble Vía El Sillar al Ministro de Obras Públicas que quedaron sin respuesta, obstáculos para fiscalizar el proyecto Ivirizu y la imposibilidad de acceder a otros informes.

Durante la legislatura 2020-2025 en Cochabamba, solo el MAS-IPSP y Comunidad Ciudadana (CC) tuvieron representación parlamentaria. Rory Crismar Ordoñez Choque, diputado suplente de CC, realizó una autocrítica sobre la ausencia de un trabajo conjunto y una agenda regional unificada. Destacó el rol de oposición de Comunidad Ciudadana, logrando evitar la aprobación de varias leyes y llevando a cabo una fiscalización activa. Ordoñez señaló las complejidades para los suplentes, como la falta de asesores, lo que dificulta los procesos de fiscalización. No obstante, resaltó la ventaja de que los suplentes, al estar más presentes en sus regiones, pudieron enfocarse en la fiscalización local en Cochabamba. Sus actividades de control incluyeron la gestión de la pandemia, la supervisión de cajas de salud y hospitales, el suministro de oxígeno y la consolidación de obras. Mencionó que una comisión logró detener la entrega