La propuesta de la Gobernación de Tarija para aprobar la Ley de Emergencia Financiera ha desencadenado una serie de tensiones tanto sociales como políticas en la región. Diversos grupos han manifestado su descontento en las calles, demandando que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) no proceda con la aprobación de esta ley sin un debate exhaustivo y participativo. La principal inquietud radica en el impacto que esta normativa podría tener sobre programas sociales esenciales, como la entrega de canastas alimentarias para adultos mayores y personas con discapacidad, el Programa Solidario Comunal (Prosol) destinado a campesinos, y la continuidad de los ítems en el sector salud.
La ALDT había convocado una sesión para discutir el proyecto de ley, pero la forma en que se intentó introducir la normativa generó desconfianza. Se solicitó su tratamiento por dispensación de trámite, lo que implicaba que la ley podría ser aprobada sin el análisis habitual en las comisiones legislativas ni la debida socialización con los sectores afectados.
Como respuesta a esta situación, más de un centenar de manifestantes se congregaron en las puertas de la ALDT, exigiendo mayor transparencia en el proceso legislativo. Algunos de ellos establecieron una vigilia hasta que concluyó la sesión, que terminó con el rechazo al tratamiento de la ley.
Celestino Barro, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), expresó su preocupación por la escasa información disponible sobre la ley y advirtió sobre las posibles repercusiones para los sectores más vulnerables. Barro indicó que la normativa podría resultar en la eliminación de las canastas alimentarias, la reducción de los recursos destinados al Prosol y la eliminación de ítems de salud financiados por la Gobernación.
El dirigente advirtió que, si el legislativo avanza con la aprobación de esta ley y deroga las normativas que garantizan beneficios sociales, se intensificarían las movilizaciones, incluso llegando a cerrar la Asamblea.
En el ámbito de la salud, Barro destacó que la posible eliminación de 628 ítems en los diferentes municipios, de los cuales 104 corresponden a Cercado, podría tener consecuencias graves para el sistema de salud pública.
Aunque la Gobernación argumenta que estos ajustes son necesarios para adaptarse a la nueva realidad económica de Tarija, Barro sugirió que las autoridades deberían considerar reducir sus propios salarios en lugar de afectar a los programas sociales.
Moisés Choque García, presidente de la Federación Tarijeña de Personas con Discapacidad, también alzó su voz contra la posible modificación de leyes que afectan directamente a su sector. Choque enfatizó que, a pesar de que la normativa estipula la entrega de 12 paquetes alimentarios al año, han aceptado recibir solo siete, pero ya no están dispuestos a renunciar a este beneficio.
En defensa de la propuesta de la ley de emergencia financiera, el gobernador Oscar Montes argumentó que busca una reestructuración del presupuesto ante la crisis económica que enfrenta el departamento. Montes aseguró que la ley no implica la eliminación de programas, sino su adecuación a la nueva realidad financiera. En relación al Prosol, propuso establecer un porcentaje de las regalías departamentales en lugar de asignaciones fijas, y sugirió que las canastas alimentarias no se entreguen a quienes ya reciben jubilaciones. Además, mencionó que los ítems de salud podrían ser transferidos al Sistema Único de Salud (SUS), argumentando que los municipios tienen suficientes recursos para cubrir esos costos.
Montes defendió la necesidad de estos ajustes, recordando que cuando se implementaron las leyes actuales, la Gobernación manejaba un presupuesto de 160 millones de bolivianos al mes, una cifra que ha caído drásticamente a 20 millones, lo que obliga a una adaptación a esta nueva realidad.
La tentativa de tratamiento de la ley ha generado descontento entre varios asambleístas, quienes han solicitado conocer en profundidad el contenido de la normativa antes de llevarla al pleno. Legisladores de diferentes bancadas, incluyendo el MAS y Comunidad de Todos, han exigido una socialización previa con las organizaciones sociales antes de considerar su tratamiento.
Al finalizar la sesión y tras el rechazo al tratamiento de la ley, varios legisladores fueron ovacionados por los manifestantes que se encontraban afuera del recinto legislativo, reflejando el apoyo popular hacia la transparencia en el proceso
