Los acontecimientos del 26 de junio de 2024 han generado un profundo debate sobre su verdadera naturaleza, llevando a figuras militares vinculadas al grupo conocido como ‘Pachajchos’ a emitir declaraciones contundentes. Estos oficiales han señalado directamente al gobierno del presidente Luis Arce, atribuyéndole la planificación de los sucesos como un preámbulo para una campaña política que buscaría la reelección del mandatario.
El general Juan José Zúñiga, identificado como líder de los ‘Pachajchos’ y principal acusado en el caso, afirmó haber recibido directrices desde el poder ejecutivo para construir una narrativa específica. Esta escenificación, según sus palabras, tendría como objetivo la detención de opositores políticos y serviría como el punto de partida para la campaña de Arce Catacora. Zúñiga detalló una supuesta estrategia a largo plazo, que implicaría la permanencia de Arce por un período adicional, seguida de dos mandatos para el señor del Castillo, proyectando así un control del poder por dos décadas. Incluso especuló que el actual jefe de Estado podría haber asumido un nuevo mandato el fin de semana posterior a los hechos.
A estas imputaciones se sumó el mayor Miguel Fernando Iriarte Sandoval, también vinculado a los ‘Pachajchos’. El oficial declaró que la administración gubernamental había orquestado la operación a través del general Zúñiga, quien era su superior directo. Iriarte enfatizó que, como subordinados, su rol se limitó a acatar las órdenes recibidas.
En contraste con estas afirmaciones, el 27 de octubre, la Cámara de Senadores ratificó casi por unanimidad el informe de una comisión especial encargada de investigar los eventos del 26 de junio. Dicho informe concluyó que los hechos no constituyeron un golpe de estado ni un autogolpe, sino una insubordinación de un grupo de militares que ocuparon la Plaza Murillo, liderados por los ‘Pachajchos’. La comisión recomendó al Ministerio Público iniciar investigaciones sobre la actuación de ciertas autoridades gubernamentales, si bien el presidente Luis Arce no figura en la lista de funcionarios cuya investigación fue sugerida.
Actualmente, los miembros del grupo ‘Pachajchos’ demandan un juicio de responsabilidades contra el actual jefe de Estado, a quien acusan de haber ideado toda la trama con el asesoramiento de su círculo de confianza. Zúñiga ha identificado a varias personas que, según él, deberían ser procesadas, incluyendo a Hugo Moldiz, Fernando Rodríguez, la ministra de la Presidencia Marianela Prada, los ministros Roberto Ríos y Edmundo Novillo, el viceministro Johnny Aguilera, y el exministro Eduardo del Castillo.
Por su parte, el viceministro Johnny Aguilera defendió la postura oficial, asegurando que existen pruebas contundentes sobre la culpabilidad de los militares implicados y reafirmando la naturaleza de intento de golpe de estado de los acontecimientos
