En el marco de la investigación judicial que se sigue en Argentina contra el expresidente Evo Morales, por presuntos delitos vinculados a la trata y corrupción de menores, se ha producido un hecho que genera cuestionamientos sobre la colaboración de las fuerzas de seguridad con la justicia. Dos efectivos de la Policía Federal Argentina, identificados como Gustavo Rubén Grandolu y Marcos Javier Geier, no se presentaron a la audiencia testimonial convocada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, pese a haber sido debidamente notificados con anticipación.
Estos dos agentes forman parte de un grupo mayor que supera los veinte policías federales citados para declarar en el marco del proceso judicial. Las audiencias fueron programadas siguiendo un cronograma establecido que abarca desde los primeros días del mes hasta finales de abril, en un intento por esclarecer las circunstancias que rodean la estancia y protección del expresidente boliviano durante su periodo de asilo político en territorio argentino. La ausencia de Grandolu y Geier resulta particularmente significativa dado que ambos integraban el equipo encargado de la custodia directa de Morales mientras permanecía en condición de asilado.
La falta de comparecencia no solo retrasa el avance del proceso judicial sino que también genera dudas sobre el compromiso institucional con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos. José Magioncalda, abogado representante de la Fundación Apolo, organización involucrada en el seguimiento del caso, expresó su preocupación por esta situación. Desde su perspectiva, el hecho de que dos policías cruciales para la investigación no hayan acudido a declarar es indicativo de una posible falta de interés o incluso obstrucción por parte del gobierno argentino para que esta causa prospere.
Magioncalda subrayó que los altos mandos dentro de la Policía Federal responden directamente a las autoridades superiores del Ministerio de Seguridad y al propio presidente nacional, lo cual hace aún más llamativa la ausencia no justificada de estos agentes. Además, criticó que el Ministerio no haya ejercido medidas para asegurar su presencia ante el tribunal, lo cual es una práctica habitual cuando se trata de testigos convocados legalmente. Esta falta de intervención oficial alimenta las sospechas sobre posibles intenciones políticas o administrativas destinadas a frenar o dilatar el proceso judicial.
Otro aspecto señalado por el abogado fue la actitud del Ministerio de Seguridad respecto al avance del caso desde sus inicios. Según explicó, cuando el juez a cargo desestimó inicialmente las denuncias presentadas contra Morales en esta causa, dicho ministerio optó por no apelar esa decisión. En contraste, fue la Fundación Apolo quien insistió en llevar adelante los recursos legales necesarios para revertir esa resolución. Gracias a esa acción, la Cámara Federal revocó dicha desestimación y permitió que la investigación continuara su curso.
Además, Magioncalda hizo hincapié en la demora con que el Ministerio entregó datos relevantes sobre todos los agentes policiales asignados a custodiar al expresidente boliviano durante su asilamiento. La información fue proporcionada fragmentadamente y a lo largo de varios meses, una dinámica poco habitual para organismos públicos comprometidos con facilitar procesos judiciales en curso. Esta dilación fue interpretada como un nuevo indicio del escaso interés oficial en colaborar plenamente con las autoridades judiciales.
La relevancia de este caso trasciende lo estrictamente jurídico y tiene implicaciones políticas y sociales importantes tanto para Argentina como para Bolivia. La investigación busca esclarecer si durante el tiempo en que Evo Morales estuvo refugiado en territorio argentino existieron irregularidades graves relacionadas con delitos contra menores vinculados a redes ilícitas. La participación activa y transparente tanto del sistema judicial como de las fuerzas policiales resulta fundamental para garantizar justicia y confianza pública.
El incumplimiento por parte de dos efectivos claves dentro del cuerpo policial encargado del cuidado directo del expresidente pone bajo lupa no solo sus responsabilidades individuales sino también posibles presiones institucionales o políticas detrás del operativo oficial que vigilaba a Morales. Este contexto plantea interrogantes acerca del grado real de independencia e imparcialidad con que se está llevando adelante esta causa sensible para ambas naciones involucradas.
En definitiva, estas ausencias testimoniales evidencian tensiones entre distintos actores estatales respecto al manejo judicial del caso y reflejan desafíos importantes en materia institucional para garantizar un proceso transparente donde prevalezca el interés público por conocer toda la verdad sobre hechos tan graves como los investigados actualmente. El desarrollo futuro del juicio dependerá en gran medida del compromiso efectivo con la justicia demostrado por las autoridades argentinas responsables tanto políticas como operativas involucradas en este complejo escenario internacional
