La discusión sobre el futuro del Modelo Económico Social Comunitario Productivo en Bolivia ha cobrado fuerza, con voces críticas que sugieren la necesidad de una transformación profunda en las políticas económicas del país. Diversos sectores, incluidos cívicos, sociales y empresarios, han expresado su preocupación, argumentando que este modelo ha llegado a su fin y que es imperativo implementar cambios significativos.
Desde su instauración durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), bajo la dirección de Evo Morales, este modelo se ha centrado en la explotación de recursos naturales y en la redistribución de ingresos provenientes de sectores estratégicos, como la minería y los hidrocarburos, con el objetivo de mitigar la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, la caída de los precios del gas en 2014 ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema, exacerbadas por la pandemia de Covid-19, la escasez de divisas y una política de subsidios a los combustibles que ha resultado costosa.
Analistas como Víctor Hugo Figueroa han señalado que la crisis del modelo se ha intensificado desde 2014, argumentando que el Estado ha centrado sus esfuerzos en el gasto en lugar de fomentar la inversión que diversifique la economía. Figueroa propone un plan de austeridad que contemple la reducción del aparato estatal y una revisión de los subsidios a los carburantes, sugiriendo que estos deberían estar dirigidos exclusivamente al transporte público.
Por su parte, Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, sostiene que el modelo vigente no puede sostenerse a largo plazo, citando la falta de inversión extranjera y la baja productividad en sectores clave. Romero ha advertido sobre el creciente endeudamiento del país, que se ha elevado al 85% del Producto Interno Bruto, y ha instado a revisar las políticas de subvención para evitar un drenaje incontrolado de recursos fiscales.
Sin embargo, hay quienes defienden el modelo actual, como el analista Martín Moreira, quien argumenta que el sistema está comenzando a mostrar resultados gracias a las inversiones en sectores estratégicos, como hidrocarburos y litio, iniciadas durante el gobierno de Luis Arce. Moreira destaca que las inversiones recientes en exploración y producción podrían dar frutos en los próximos años, contribuyendo a la sostenibilidad económica del país.
Moreira también sugiere que es necesario ajustar las políticas de subsidios, proponiendo que sectores con altos excedentes, como la minería y la exportación, deberían asumir el costo de los combustibles en lugar de beneficiarse de subsidios. Además, aboga por una mayor profesionalización en la administración de las empresas públicas, especialmente aquellas que operan con déficit.
En resumen, la situación económica de Bolivia se encuentra en un punto crítico, donde las opiniones sobre el modelo vigente divergen. Mientras algunos abogan por una reestructuración profunda y un enfoque más austero, otros creen en la potencialidad del modelo actual si se realizan las inversiones adecuadas y se implementan ajustes necesarios. La dirección futura del país dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años, en un contexto de creciente incertidumbre económica
