La ex fiscal departamental Sandra Gutiérrez Salazar ha elevado una denuncia formal ante el Ministerio Público señalando presuntas irregularidades relacionadas con la comercialización de gasolina en el mercado local. En su memorial, Gutiérrez Salazar apunta directamente al Ministro de Hidrocarburos, al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a los directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), además de incluir a cualquier otra autoridad que pudiera resultar involucrada en las investigaciones correspondientes. Esta acción se produce tras un período prolongado en el que, según la ex fiscal, las autoridades responsables no han tomado medidas efectivas para abordar la problemática denunciada.
La denuncia se fundamenta en la presunción de que se está cometiendo un delito flagrante, dado que la venta de gasolina en mal estado continúa de manera sistemática. Entre los cargos señalados figuran conductas antieconómicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y estafa agravada. La preocupación principal radica en el impacto negativo que este combustible adulterado o contaminado tiene sobre los motores de los vehículos, lo cual representa un perjuicio directo para los usuarios y para el parque automotor en general. La ex fiscal denunciante enfatiza que esta situación no solo afecta a los consumidores sino que también implica un daño económico considerable para el Estado y para quienes dependen del transporte motorizado.
Durante una conferencia de prensa improvisada, Sandra Gutiérrez explicó que la gasolina defectuosa está siendo comercializada como si cumpliera con los estándares de calidad exigidos, lo cual es falso y engañoso. En consecuencia, solicitó medidas cautelares y precautorias contra los funcionarios implicados para garantizar que se tomen acciones concretas e inmediatas. Entre las solicitudes más urgentes se encuentra la realización de un análisis forense exhaustivo del combustible disponible en los surtidores, con el fin de determinar su aptitud y calidad real. De confirmarse problemas persistentes relacionados con contaminación o adulteración del producto, la recomendación es retirar inmediatamente esta gasolina del mercado para evitar daños mayores a los motores.
Además, Gutiérrez hizo un llamado a la población afectada para que se sume a esta denuncia colectiva, buscando ejercer presión sobre el gobierno para obtener una explicación clara y detallada acerca de las causas por las cuales se ha comercializado este tipo de gasolina perjudicial. La ex fiscal criticó duramente la falta de información transparente por parte del Ejecutivo y cuestionó el discurso oficial que ha atribuido la problemática a un supuesto “sabotaje”, sin ofrecer evidencias ni aclaraciones técnicas sobre el origen real del problema ni sobre las razones detrás de la mala calidad del combustible.
Otro punto relevante planteado por Gutiérrez Salazar es su inquietud respecto a las medidas adoptadas para mejorar la calidad de la gasolina mediante la adición de ciertos aditivos químicos. Esta práctica genera dudas sobre su eficacia y legalidad, sobre todo cuando no existe garantía alguna para los consumidores respecto a la calidad final del producto ofrecido. La ex autoridad señala que esta situación configura un supuesto delito flagrante porque afecta directamente a quienes compran gasolina sin saber si están adquiriendo un producto seguro o potencialmente dañino.
En síntesis, esta denuncia formal pone bajo escrutinio a altos funcionarios vinculados con el sector hidrocarburífero y abre una investigación judicial clave para esclarecer responsabilidades en torno a una problemática que afecta tanto al sector público como privado y a toda la ciudadanía usuaria del combustible. La iniciativa impulsada por Sandra Gutiérrez refleja una preocupación legítima sobre prácticas irregulares que podrían estar causando perjuicios económicos y técnicos significativos, así como un vacío institucional en materia de control y supervisión efectiva dentro del mercado petrolero nacional. Se espera que este proceso conduzca a acciones concretas para garantizar la calidad del combustible y proteger los derechos e intereses de los consumidores
