Un vuelo que transportaba a más de 200 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos arribó a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía dicha acción. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció en redes sociales la llegada de 238 individuos asociados con la banda criminal venezolana Tren de Aragua, así como 23 presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

La deportación se produjo tras una decisión del juez federal James Boasberg, quien había ordenado la suspensión de las expulsiones por un período de 14 días, argumentando que la invocación de una ley de 1798 por parte del gobierno de Trump no era válida en este contexto. Bukele, en tono desafiante, se burló de la situación, afirmando que era demasiado tarde para detener la llegada de los deportados.

Los detenidos fueron llevados de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde permanecerán por un año, con posibilidad de extensión. Según informes, Estados Unidos pagará una tarifa reducida por su deportación, mientras que El Salvador asumirá un costo considerable por su alojamiento en cárceles.

La Casa Blanca, por su parte, negó haber desobedecido la orden judicial, argumentando que los tribunales no tienen jurisdicción sobre las decisiones de política exterior del presidente. La vocera del gobierno, Karoline Leavitt, defendió la acción, afirmando que un solo juez no puede dictar las operaciones de seguridad nacional.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la llegada de los deportados y elogió a Bukele como un líder firme en materia de seguridad en la región. La decisión de deportar a estos individuos se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite la expulsión de personas consideradas una amenaza durante tiempos de conflicto, aunque actualmente no hay una guerra declarada.

El gobierno venezolano condenó la deportación, calificándola de violación de derechos humanos y comparándola con episodios oscuros de la historia. Familias de los deportados también expresaron su preocupación, pidiendo que se revisen los casos individualmente, ya que muchos de ellos no pertenecen a las bandas criminales mencionadas.

Un video compartido por Bukele mostró a los deportados siendo escoltados por fuerzas de seguridad hacia la megacárcel del Cecot, una instalación de alta seguridad criticada por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones de detención.

Este acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador refleja un fortalecimiento en las relaciones bilaterales, con Bukele mostrando disposición para recibir a deportados estadounidenses a cambio de apoyo financiero para su sistema penitenciario. Sin embargo, críticos advierten que este enfoque podría convertir a El Salvador en un centro de detención similar a Guantánamo, con serias implicaciones para los derechos humanos.

Analistas sugieren que la decisión de la Casa Blanca podría ser solo el inicio de un patrón de desobediencia a órdenes judiciales, lo que podría desencadenar una crisis constitucional. Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha proporcionado pruebas concretas sobre la criminalidad de los deportados, y las recientes deportaciones forman parte de una estrategia más amplia contra la inmigración ilegal que ha enfrentado dificultades para cumplir con las expectativas establecidas por la administración anterior