A escasos días de la inminente transición gubernamental, el equipo encargado de la transferencia de mando para el presidente electo Rodrigo Paz está ultimando los informes esenciales que acompañarán la asunción de la dirección del Estado, programada para el 8 de noviembre.

En este contexto, se ha adelantado que la nueva administración tiene previsto iniciar auditorías exhaustivas en diversas carteras ministeriales y empresas estatales. Esta decisión surge tras la identificación de considerables desequilibrios financieros atribuidos a la gestión precedente. Miembros del equipo técnico han señalado la necesidad de una revisión profunda, que no se limitará a solicitudes puntuales de ciertos sectores empresariales, sino que abarcará un espectro amplio de instituciones públicas.

El país que recibirá el gobierno entrante se caracteriza por una situación económica desafiante, con numerosas entidades estatales operando con déficits pronunciados. La finalidad de estas auditorías es determinar con precisión las circunstancias que han conducido a este panorama financiero adverso.

Formalizando el traspaso de poder, el presidente electo Rodrigo Paz y el vicepresidente electo Edmad Lara recibieron sus credenciales el miércoles, confirmando su investidura. Paralelamente, el presidente saliente Luis Arce aceptó en la Casa Grande del Pueblo las renuncias de sus diecisiete ministros, dejando así la administración estatal a disposición de las nuevas autoridades.

El proceso de transición ha incluido reuniones con los diecisiete ministerios del Órgano Ejecutivo, las cuales ya han concluido. Actualmente, se desarrolla una fase de análisis documental intensivo, descrita por los involucrados como un escrutinio detallado de la gestión pública. El objetivo primordial es detectar cualquier irregularidad, deficiencia administrativa o pasivo financiero en las áreas más comprometidas.

Entre los sectores bajo especial observación figuran el Ministerio de Obras Públicas, donde la situación de Boliviana de Aviación (BoA) genera inquietud debido a sus bajos ingresos y elevado endeudamiento, planteando un desafío de sostenibilidad. También se examina el Ministerio de Planificación del Desarrollo, con interrogantes sobre la administración del gasto público y los compromisos de deuda interna. El Instituto Nacional de Estadística (INE) se encuentra bajo particular escrutinio tras las controversias surgidas en torno al Censo de Población y Vivienda de 2024. Asimismo, las operaciones de importación de carburantes e inversiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) serán objeto de una atención prioritaria, tal como lo anticipó el propio presidente Paz.

El informe final de transición será presentado antes de los actos protocolares del sábado 8 de noviembre, fecha en que Luis Arce Catacora cederá la dirección del Estado a Rodrigo Paz Pereira, en una jornada significativa que coincide con el Bicentenario de Bolivia. Se espera que el discurso inaugural del presidente Paz ante la Asamblea Legislativa ofrezca un diagnóstico completo del país, haciendo hincapié en el estado de las finanzas públicas, la deuda, la escasez de reservas internacionales y el deterioro institucional observado en los últimos años. La nueva administración subraya la importancia de la transparencia para la ciudadanía, enfatizando que el propósito de estas acciones es la rendición de cuentas y la reconstrucción de la confianza pública, más allá de cualquier consideración política