La economía del departamento de Tarija enfrenta un periodo de marcada desaceleración, extendiéndose a lo largo del presente año y replicando la tendencia observada en ejercicios fiscales precedentes. Según declaraciones de voceros del sector empresarial local, esta región del país persiste en un ciclo de crecimiento económico negativo, una situación que se ha mantenido durante los primeros meses de este año.

Un factor determinante en este panorama económico adverso es la disminución sustancial de la inversión proveniente del sector público. Históricamente, la inversión estatal ha sido un motor fundamental para la economía tarijeña, y la actual coyuntura de las entidades gubernamentales ha provocado una reducción drástica en estos flujos de capital. Esta contracción en la inversión pública impacta de manera directa y significativa en el conjunto de la actividad económica regional.

Otro elemento que agrava la situación es el incremento en los precios de bienes y servicios, un fenómeno particularmente pronunciado en esta zona fronteriza. Este aumento de precios se atribuye, en parte, a dinámicas relacionadas con el flujo de mercancías ilícitas, una problemática que, según voces críticas, requiere una atención y gestión más efectiva por parte de las autoridades competentes. Adicionalmente, se señala que las dificultades en el suministro de combustibles, incluyendo el contrabando de estos recursos, contribuyen al deterioro del escenario económico departamental, generando un clima de incertidumbre y falta de perspectivas de mejora a corto plazo.

En relación con las discusiones sobre incrementos salariales a nivel nacional, representantes del empresariado han expresado su preocupación por la falta de participación del sector privado en estas negociaciones. Se ha manifestado la expectativa de ser convocados a espacios de diálogo para analizar de manera conjunta la realidad económica y definir estrategias coordinadas en torno a las demandas de ajuste salarial. Desde el ámbito empresarial se cuestiona la metodología implementada en años anteriores, donde las decisiones sobre aumentos salariales se tomaron de forma bilateral entre el gobierno y la central obrera, sin considerar la situación particular de las empresas y sus capacidades reales.

El sector empresarial ha manifestado su postura contraria a incrementos salariales generalizados en el contexto económico actual, advirtiendo sobre los posibles efectos negativos que estas medidas podrían generar, incluyendo un repunte inflacionario. Se argumenta que es necesario un análisis más profundo y personalizado de la situación de cada empleador antes de tomar decisiones que afecten la estructura de costos y la sostenibilidad de las empresas. A pesar de que estas preocupaciones son reiteradas por el empresariado, se percibe una falta de atención a estas advertencias, lo que genera una sensación de desatención ante las dificultades económicas que se manifiestan en diversos ámbitos de la sociedad tarijeña