En Tarija, diversas organizaciones, incluyendo trabajadores del sector salud, adultos mayores y campesinos, están llevando a cabo movilizaciones en oposición a la Ley de Emergencia Financiera que la Gobernación ha presentado para su consideración en la Asamblea Legislativa Departamental. Este proyecto será discutido en una sesión programada para este jueves.

Omar Velásquez, quien se desempeña como secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud de Tarija, expresó su desacuerdo con la iniciativa del gobernador Óscar Montes, que contempla la eliminación de programas sociales fundamentales, como el Programa Solidario Comunal (Prosol) y la canasta alimentaria destinada a los adultos mayores. Velásquez también criticó la propuesta de que los municipios asuman la financiación de los ítems de salud, sugiriendo que la Gobernación debería exigir al gobierno central que cumpla con esta responsabilidad.

El dirigente argumentó que esta normativa busca liberar recursos para que luego sean administrados sin control. En su opinión, lo que se necesita es una legislación que permita captar financiamiento externo y simplificar la burocracia en la administración local, especialmente en un contexto de disminución de ingresos por regalías petroleras.

Celestino Barro, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), se unió a las protestas, señalando que han solicitado una reunión con el gobernador para discutir la situación de los ítems de salud. Barro advirtió que la transferencia de la financiación de 628 ítems de salud a los municipios podría poner en peligro su continuidad, dado que muchas de estas entidades no cuentan con los recursos necesarios.

Barro enfatizó la importancia de socializar la Ley de Emergencia Financiera antes de su aprobación, argumentando que el diálogo es esencial para alcanzar consensos, en lugar de imponer decisiones unilaterales. Para él, la salud debe ser una prioridad indiscutible.

Por su parte, Lourdes Centellas, representante de los jubilados, manifestó el rechazo de su sector a la posible suspensión de la canasta alimentaria, subrayando que muchos jubilados dependen de este apoyo, dado que sus pensiones son insuficientes.

En respuesta a las críticas, César Ramos, vocero de la Gobernación, aclaró que la intención no es eliminar los programas sociales, sino regularlos para adaptarlos a la nueva realidad económica. Según Ramos, la canasta alimentaria se destinará a quienes realmente lo necesiten y no cuenten con una jubilación, mientras que en el caso del Prosol, se establecerá un monto fijo para los campesinos productores.

La Gobernación ha presentado este proyecto de ley con el objetivo de ajustar los programas sociales a las condiciones económicas actuales, advirtiendo que, de no ser así, se verán obligados a implementar un cierre gradual de las actividades administrativas a partir de abril